SEVILLA, 2 de octubre. La Audiencia Provincial de Sevilla ha tomado una decisión crucial al absolver a un exdirectivo de Vitalia Vida y a un antiguo empleado de Cenforpre, quienes habían sido juzgados por presuntos delitos de prevaricación y malversación relacionados con una ayuda pública de más de 491.000 euros que se otorgó a la mencionada empresa, en el contexto del caso de los ERE.

Un tercer implicado, encargado de la administración de la compañía, falleció antes de que se emitiera el fallo, lo que resultó en la extinción de su responsabilidad penal. En el juicio, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado penas significativas, incluyendo dos años y un mes de prisión, así como una inhabilitación absoluta por un periodo de cinco años. Además, los acusados debían indemnizar a la Junta de Andalucía con el total de la ayuda recibida.

La sentencia, fechada el 30 de septiembre y conocida por las partes en los últimos días, establece que Francisco Javier Guerrero, entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta y ya fallecido, utilizó fondos públicos de manera inapropiada. Este funcionario, que no tenía competencia para realizar dicha acción, encargó verbalmente a Cenforpre la formación en prevención de riesgos laborales para graduados de distintos colegios oficiales en Andalucía.

Los cursos comenzaron conforme a lo acordado, pero posteriormente, el representante de Cenforpre solicitó repetidamente a Guerrero el pago de los mismos. Sin embargo, obtuvo como respuesta que no existían fondos públicos disponibles para este fin. Como alternativa, Guerrero propuso un método de pago utilizando una póliza de seguros, lo que requería que se proporcionara información bancaria de una persona física para proceder.

El tribunal ha señalado que el representante de Cenforpre era consciente de la irregularidad de esta propuesta. Para facilitar el pago, facilitó los datos de un antiguo empleado, José Antonio G.R., quien accedió a esta solicitud debido a su relación de amistad con el representante, sin saber que el encargo era irregular ni el origen cuestionado de los fondos involucrados.

Los magistrados han descrito a José Antonio G.R. como un “testaferro” que no se benefició financieramente de esta situación, subrayando que Cenforpre no enfrentaba una crisis que justificara una obtención ilícita de dinero. Asimismo, se ha destacado que Guerrero empleó pólizas de seguro previas, contratadas para otras ayudas, para realizar pagos a Cenforpre, evadiendo así los controles establecidos.

Finalmente, la Audiencia ha decidido absolver a los acusados, quienes ahora tienen la opción de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.