En Cádiz, el 21 de noviembre, los trabajadores de los astilleros de Navantia en la Bahía se preparan para llevar a cabo paros como respuesta a la falta de progreso en la negociación del nuevo convenio colectivo. La jornada de protesta se traducirá en un paro de 24 horas en los centros de Puerto Real y San Fernando, mientras que en la capital gaditana los trabajadores optarán por un paro de dos horas.

José Antonio Bolaños, presidente del comité de empresa en Cádiz, ha sido el encargado de dar a conocer esta acción a Europa Press, explicando que el paro parcial ha sido diseñado para minimizar el impacto negativo en la actividad de reparaciones de buques y cruceros que se realiza en el astillero, evitando cualquier contratiempo en los plazos de entrega, que son reconocidos como “más cortos”.

En contraste, los empleados de los astilleros de San Fernando y Puerto Real se enfrentarán a un paro total que afectará a los tres turnos laborales: mañana, tarde y noche. Esta medida se llevará a cabo desde las 7 de la mañana del 21 de noviembre hasta la misma hora del día siguiente.

Esta acción de protesta no es un hecho aislado, ya que forma parte de un calendario de movilizaciones diseñado por el comité intercentros durante las actuales negociaciones del convenio colectivo. Este conflicto laboral se desarrolla en paralelo a la protesta programada para el jueves.

Los trabajadores están actualmente bajo el convenio intercentro prorrogado de 2022, pero las propuestas que ha presentado la empresa para el nuevo convenio no son bien recibidas por el colectivo trabajador. Esta desavenencia ha llevado a los empleados a movilizarse, considerándolo una “medida de fuerza” en la búsqueda de apoyo durante las negociaciones.

Como un paso adicional, el pasado 24 de octubre, los representantes de los tres comités de empresa de Navantia en Cádiz registraron una carta en la Delegación de Hacienda, dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Este documento solicita una reunión para exponer directamente la posición de los trabajadores sobre la renovación del convenio colectivo, cuya actualización lleva esperando más de tres años. Además, los trabajadores han pedido su intermediación para ayudar a “desbloquear” esta problemática.

En la misiva, se enfatiza la importancia de la ministra Montero en el gobierno, ya que controla la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria del 100% de Navantia. Los representantes ponen de manifiesto la prolongada espera para la renovación del convenio anterior, que abarcaba el periodo de 2018 a 2021, y subrayan que el Plan Estratégico que lo acompañaba ha mostrado “una desviación” sin que se haya logrado “enderezar la dirección” de la empresa, ni siquiera se ha podido convocar a la comisión de seguimiento más allá de su constitución inicial.