Los defensores del medio ambiente respaldan a la Junta y solicitan la anulación de los acuerdos de Carboneras sobre el polémico proyecto del Algarrobico.
Los colectivos ecologistas Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar han mostrado su apoyo al Gobierno andaluz en su reconocimiento de que los terrenos de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), son protegidos desde 1994. Han presentado esta adhesión ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y han solicitado que obligue al ayuntamiento a reflejar esta clasificación en todos sus documentos y decisiones relacionadas con esta área donde se encuentra el hotel de Azata.
Estos grupos ecologistas también piden que se declare la nulidad del acuerdo del pleno municipal que en abril modificó el planeamiento urbanístico para calificar el Algarrobico como suelo protegido. Esta sentencia ha sido firme desde 2018 y el exalcalde, José Luis Amérigo (PSOE), estaba apercibido de multa por no cumplirla.
En sus alegaciones, los ecologistas destacan que la Junta andaluza ha reconocido por primera vez que los terrenos de El Algarrobico son no urbanizables desde 1994. Hasta ahora, esta afirmación había sido negada tanto por el gobierno municipal de Carboneras como por la Junta en todos los casos judiciales relacionados con el hotel de Azata.
Los grupos ecologistas aplauden la nueva postura del gobierno regional y comparten su desacuerdo con la afirmación del ayuntamiento de que el cambio en el plan de urbanismo se debió a causas sobrevenidas y no por mandato judicial.
En su escrito, el Gobierno andaluz argumenta que el ayuntamiento no ha cumplido adecuadamente las sentencias relacionadas con El Algarrobico y pide al tribunal que niegue al ayuntamiento cualquier actuación que vaya en contra de lo fallado por el tribunal en relación con esta área.
Los ecologistas ya habían denunciado ante el TSJA que el acuerdo del pleno era nulo por un defecto en su tramitación y también solicitaron multas para el exalcalde por retrasar el proceso. La oposición también cuestionó el procedimiento utilizado y rechazó ser cómplice de este "circo".
El Tribunal Supremo decidió en enero que debido a la complejidad del caso, no se puede ordenar la demolición del hotel por vía judicial. Sin embargo, el TSJA ha dado al ayuntamiento de Carboneras diez días para revisar la licencia municipal y para proporcionar pruebas de que ha investigado la posible invalidez de este permiso.