La situación de la asistencia sanitaria en Andalucía ha entrado en un estado de incertidumbre tras la decisión de las compañías Adeslas, Asisa y DKV de no participar en la licitación para continuar prestando sus servicios a través de Muface, la mutualidad destinada a los funcionarios. Esta renuncia afecta a más de 322.000 andaluces, cifra que la consejera de Economía, Carolina España, amplía a cerca de 400.000, incluyendo tanto a funcionarios como a sus familiares. Desde la Junta se hace hincapié en la urgencia de encontrar soluciones, dado que el problema repercute en todas las comunidades autónomas.

Desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha manifestado una disposición a afrontar el desafío que esta situación presenta para el sistema sanitario. Aunque reconocen que la renuncia de las aseguradoras podría acarrear un aumento considerable en la demanda de atención médica, también expresan una postura de espera ante las decisiones que adopte el Ministerio de Sanidad. Según las fuentes del SAS, existe un procedimiento establecido para aquellos que deseen cambiar a la sanidad pública en medio de esta confusión, lo que podría aliviar la presión sobre el sistema.

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ya ha confirmado la intención de lanzar una nueva licitación para la asistencia sanitaria de Muface, tras la deserción de las aseguradoras. Aunque se reconoce la deserción de la oferta, el Gobierno asegura que los mutualistas seguirán recibiendo la atención sanitaria bajo las condiciones actuales, amparados por las prórrogas y mecanismos que establece la Ley de Contratos del sector público. Esta medida busca garantizar la continuidad de los servicios, al menos temporalmente.

Un dato relevante es que, de los aproximadamente 322.868 funcionarios que se encuentran bajo el sistema de Muface, una significativa proporción, cerca del 20%, ya recibe sus prestacines a través de la Seguridad Social. El resto se distribuye entre las tres aseguradoras, con Adeslas liderando la cobertura, seguida de Asisa y DKV. Sin embargo, DKV ha optado por no participar en las licitaciones de Muface ni en las de otros organismos relacionados, como el de los funcionarios de Justicia y el del Ejército.

Las razones que han llevado a DKV y Asisa a renunciar son complejas. DKV menciona una proyección de pérdidas de hasta 77 millones de euros en dos años, provocadas por un modelo de negocio que consideran insuficientemente financiado. Asisa, por su parte, ha decidido concentrarse en las licitaciones de Mugeju e Isfas, argumentando que allí se dan las condiciones necesarias para continuar operando sin poner en riesgo su viabilidad económica. Ambos casos revelan un sistema que enfrenta serios desafíos en términos de financiación y sostenibilidad.

Esta situación se produce en un marco en el que ya se había propuesto un incremento del 17,12% en la prima destinada al nuevo concierto de las mutualidades, una cifra que inicialmente había sido fijada en un 14% pero que no resultó atractiva para las aseguradoras. Estas, que habían solicitado un aumento del 40% para poder subsistir sin agravar sus pérdidas, se ven ahora empujadas a la incertidumbre en un contexto que no deja de evolucionar.