La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado su preocupación ante la postura de la Junta de Andalucía, instándola a no ignorar la Ley de Vivienda y evitar llevar el asunto al Tribunal Constitucional. La falta de vivienda sigue siendo un problema alarmante que afecta a miles de andaluces, especialmente a los jóvenes y personas vulnerables.

En sus declaraciones en Cádiz, Montero ha subrayado la importancia de que las políticas de vivienda se centren en facilitar el acceso a un alquiler asequible o a la compra de viviendas en condiciones que no endeuden a las personas para el resto de sus vidas. Es crucial que tener una vivienda no sea un lujo, sino un derecho fundamental para todos.

La ministra ha destacado que, a día de hoy, la vivienda sigue siendo un problema esencial para los españoles y andaluces, como se refleja en las dificultades que enfrentan los jóvenes para independizarse. Es en este contexto que el Gobierno debe actuar para garantizar que tener un hogar sea accesible para todos, como parte de su compromiso con el bienestar de la población.

Montero ha señalado la diferencia entre el enfoque progresista del Gobierno y el modelo del PP en cuanto a políticas de vivienda. Mientras el Gobierno progresista defiende que la vivienda debe ser un derecho y no un privilegio, el modelo del PP favorece la liberalización del suelo y la especulación, lo que ha contribuido al encarecimiento de la vivienda. Esta situación requiere intervención pública para regular el mercado de manera efectiva.

Para Montero, es esencial que los recursos públicos se destinen a las personas que más lo necesitan en materia de vivienda. La inversión en este sector es fundamental para abordar un problema que afecta a una gran parte de la población, y es deber de las administraciones actuar de manera coordinada para solucionarlo.

La ministra también ha hecho hincapié en que la política de vivienda corresponde a las comunidades autónomas, pero el Gobierno está proporcionando recursos adicionales a municipios y regiones para abordar la crisis de vivienda. Es necesario un enfoque colaborativo para encontrar soluciones efectivas y a largo plazo a esta problemática que afecta a tantas personas en España.