La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha señalado la esperanza del Gobierno de España de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, retire la proposición de ley sobre los regadíos en la corona norte de Doñana, tras la reunión que tendrá lugar la próxima semana el Consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, en Bruselas con el Comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, para discutir el contenido del texto.

Montero ha afirmado que las decisiones que tomará el Gobierno central dependerán de los pasos que dé el Gobierno de la Junta después de su encuentro con la Unión Europea. Y en caso de que la retirada de la proposición no se produzca, el ejecutivo español, en el marco de sus competencias, actuará y tomará las decisiones oportunas, incluidas las jurídicas. La ministra ha negado que tales medidas jurídicas puedan implicar la intervención de las competencias autonómicas, aunque ha calificado de "gravísimo" lo que está ocurriendo en torno a la conservación de Doñana. Asimismo, ha acusado a Moreno de "cerrazón" para rectificar y retirar un proyecto de ley que, desde el primer momento, se ha señalado que estaba fuera de la legislación comunitaria.

Montero ha recordado que la regularización de regadíos que se tramita en la Cámara autonómica contraviene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las indicaciones del Gobierno de España. Por consiguiente, la situación pone en riesgo la declaración de Patrimonio de la Humanidad de Doñana por la Unesco. En declaraciones del pasado viernes en Madrid, Moreno defendía el contenido de la proposición de Ley, después de que el presidente Pedro Sánchez reclamara una rectificación y se volviera a la legalidad europea. Moreno insistía en que el gobierno tiene que buscar soluciones a los problemas y aquí hay uno serio, y si el Gobierno central no está de acuerdo con la proposición de ley, que plantee cuál es su alternativa que su gobierno estará dispuesto a estudiarla.

Moreno también está dispuesto a escuchar las propuestas que quiera hacer el Gobierno central, que hasta ahora no ha querido sentarse en la mesa de manera seria para poder hablar sobre cuál es la alternativa al plan que han propuesto. El Gobierno de Moreno busca un equilibrio entre la protección del parque y resolver un problema endémico de unas zonas de cultivo ante el cual no pueden cruzar de brazos.