SEVILLA, 10 de diciembre. En una contundente declaración, el grupo político Adelante Andalucía ha resaltado que el inminente Debate sobre el estado de la comunidad, que se llevará a cabo este miércoles en el Parlamento andaluz, está marcado por la sombra de diversos escándalos de corrupción vinculados al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta inquietante situación se agrava con la mención a un posible delito de prevaricación, especialmente en relación a los contratos de emergencia que fueron adjudicados durante la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, asuntos que actualmente están bajo la mirada del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.

Durante una rueda de prensa celebrada en el Parlamento andaluz, Maribel Mora, presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, ha señalado que esta tensa atmósfera servirá de telón de fondo para evaluar la gestión del actual gobierno liderado por Juanma Moreno. Mora ha expresado que su grupo enfocará sus críticas en el "desmantelamiento" paulatino del patrimonio público andaluz, en particular los servicios públicos, que, según su análisis, están siendo entregados a la gestión privada en lugar de ser fortalecidos.

Además de señalar la urgencia de una contratación emergente del SAS que ignora los plazos legales establecidos, Mora ha cuestionado la alta tasa de desempleo en Andalucía, que asciende al 16%. La diputada ha manifestado su sorpresa ante la aparente complacencia del Gobierno andaluz frente a esta situación, especialmente cuando se compara con la situación laboral en otros países europeos, donde la precariedad laboral se vuelve cada vez más alarmante.

La parlamentaria ha calificado la incumbencia del gobierno en áreas como sanidad, educación y dependencia como "temas terribles", destacando que dos millones de andaluces se encuentran atrapados en listas de espera, sufriendo lo que ella considera una grave falta de atención. Mora advirtió que el incremento presupuestario de 1.000 millones de euros en el ámbito de la salud se destinará en su mayoría a beneficio de "farmacéuticas, clínicas privadas e infraestructuras ya existentes", lo que pone de manifiesto, a su juicio, el enfoque del gobierno hacia la sanidad.

En su análisis, Mora ha evidenciado que la situación en la educación es igualmente preocupante, con un notable aumento del 40% en la financiación destinada a la educación concertada, lo que ella interpreta como un esfuerzo deliberado para favorecer la privatización de la educación pública. Esta tendencia se refleja en la reducción del presupuesto para comedores escolares y escasos recursos para las Programas de Tratamiento Integrado en Servicios (PTIS), además de un incremento de 40 millones de euros para los conciertos con instituciones privadas en los niveles de Bachillerato y Formación Profesional.

Asimismo, Mora ha identificado la problemática de la vivienda como uno de los temas más críticos que enfrenta la comunidad, apuntando que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha reducido su presupuesto, lo cual es un claro indicativo de la política habitacional del presidente Moreno Bonilla. Con un presupuesto limitado a 120 millones de euros, la agencia solo podrá desarrollar 120 viviendas, lo que, según Mora, abre la puerta a la especulación y a la inversión voraz de fondos de inversión en el sector inmobiliario, un ejemplo claro de la política promovida por el Partido Popular.

Simultáneamente al Debate sobre el estado de la comunidad, la diputada de Adelante Andalucía ha hecho referencia a una reunión que tendrá lugar entre los rectores de las universidades púbicas andaluzas, en la que se discutirán los problemas de financiación que enfrentan. Mora ha enfatizado que los impagos y la infrafinanciación no son consecuencia de retrasos en los pagos, sino de un "absoluto desinterés" por parte del gobierno hacia la educación universitaria pública, citando como preocupante la aprobación en un solo año de cuatro universidades privadas a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios.

La diputada ha advertido que la estrategia del gobierno andaluz se asemeja a la que aplica Isabel Díaz Ayuso en Madrid, ya que el Ejecutivo local parece estar socavando la credibilidad de las instituciones públicas con el fin de abrir el camino a un sistema de universidades privadas que se expanda sin control. En este sentido, Mora ha defendido la idea de que los centros públicos son un patrimonio que debe ser protegido, señalando que su grupo ha planteado una enmienda que eleva en 87 millones de euros la financiación para estas instituciones, además de solicitar 4 millones más para la mejora de diversas infraestructuras.