El sector pesquero de cerco en el Golfo de Cádiz ha puesto en alerta al Gobierno central, exigiendo "medidas urgentes" que garanticen su supervivencia ante un panorama que consideran crítico y próximo al colapso. Según los representantes del sector, esta actividad se enfrenta a un estado de abandono que pone en riesgo su futuro.

La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) ha emitido un comunicado donde denuncia la ineficacia del actual Plan de Gestión del Golfo de Cádiz, vigente desde 2016. A pesar de una mínima modificación en 2018, las normas actuales han demostrado ser inapropiadas, no solo por el cambio en las realidades políticas derivadas de la normativa pesquera europea, sino también por los efectos del cambio climático que afectan adversamente los recursos pesqueros.

Este lunes, un grupo de representantes de Facope y de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) se reunió en el puerto de Punta Umbría para discutir el plan de gestión vigente y hace frente a la urgente necesidad de reformas y nuevas propuestas que se deben presentar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En la mesa de discusión, se evidenció que muchas de las reivindicaciones del sector se llevan arrastrando desde hace años, lo que ha generado frustración debido a la escasa receptividad que han recibido del Ministerio. Se han sugerido medidas adicionales para garantizar la viabilidad del sector, que actualmente se encuentra en una situación de quiebra inminente, sin alternativas que ofrezcan un escape viable.

Los representantes pesqueros del Golfo de Cádiz, apoyados por las dos federaciones, han coincidido en que, tras haber solicitado repetidamente un nuevo Plan de Gestión y medidas adicionales, el sector ha visto reducir su flota a la mitad en los últimos años, una pérdida que se traduce en al menos el 50% de sus embarcaciones.

A pesar de haber reclamado un nuevo plan de gestión, ahora enfatizan la necesidad urgente de un "plan de salvación" para mantener operativa la flota actual, que se ha reducido a menos de 40 barcos de los 86 que existían en 2013. Se lamenta que desde la implementación del sistema de cuotas y el citado plan en 2016, la situación solo ha ido empeorando, con embarcaciones que se detienen o se desguazan silenciosamente.

El sector también recordó que, a pesar de haber mantenido reuniones con la secretaria general de Pesca en septiembre de 2024 y con el Ministerio en febrero de 2025, no ha habido avances significativos, y la situación sigue estancada. Las promesas de los encuentros no han llevado a cambios concretos en la realidad de la pesquería.

Entre los problemáticas que enfrentan están las cuotas anuales, la baja remuneración que resulta de la falta de coordinación, y las condiciones laborales impuestas, sumadas a la imparable disminución de las especies, como la sardina, por efecto del cambio climático. Todo esto contribuye a que muy pocos barcos hayan logrado mantener una operación viable y sostenible.

En vista de esta alarmante coyuntura, el sector ha hecho un llamado al Ministerio para que convoque a una reunión de "urgencia" para abordar, por un lado, la modificación del Plan de Gestión, y, por otro, implementar otras medidas que conecten con instituciones como el ISM y el IEO, que potencien la sostenibilidad de esta actividades pesqueras, incluyendo la obtención de cuotas para el atún y acceso periódico a estudios sobre el boquerón y la sardina.

Uno de los puntos más críticos resaltados por el sector es la abundante presencia de atún en el caladero, mientras que se les restringe su captura, lo cual resulta incomprensible considerando que incluso los pescadores deportivos tienen asignación de cuotas. Por ello, el sector del cerco del Golfo de Cádiz reitera su demanda de una gestión adecuada y atención, alertando que tras años de lucha se encuentra en una situación precaria extrema.