La portavoz del Partido Popular (PP) en Andalucía, Maribel Sánchez Torregrosa, ha señalado recientemente que los retrasos en la construcción de la línea de alta velocidad que conecta Almería y Murcia se deben a un presunto "amaño" en los contratos. Este señalamiento se basa en los resultados de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco del caso Koldo, que menciona la adjudicación del tramo entre Pulpí y Vera.

En una rueda de prensa realizada cerca de la obra, Sánchez Torregrosa afirmó que los ciudadanos de Almería comprenden ahora las razones por las que el AVE no llegó a la región en 2023, a pesar de que las licitaciones estaban listas durante el gobierno del PP. La dirigente se mostró acompañada de otros miembros del partido y defendió la gestión de la infraestructura durante el mandato de Mariano Rajoy.

La adjudicación del tramo Pulpí-Vera fue entregada a la unión temporal de empresas Ferrovial Agroman y Acciona Construcción por un total de 121 millones de euros. Según el informe, esta oferta fue la de mejor valoración subjetiva, aunque también resultó ser la segunda más costosa entre catorce propuestas presentadas en la licitación de junio de 2018.

Sánchez Torregrosa afirmó que durante la era del PP en el gobierno, las licitaciones ya eran un hecho y que se esperaba que las obras estuvieran concluidas antes de finales de 2026. Sin embargo, algunos analistas ya proyectan una posible finalización para 2028 debido a retrasos y complicaciones en ciertos tramos, especialmente en lo que respecta a su integración en Lorca (Murcia).

La portavoz del PP-A ha insistido en que, al dejar el poder, su partido había dejado todo listo para las obras y responsabiliza a la nueva administración de Pedro Sánchez por haber detenido el avance de los trabajos durante un año y medio. Se refirió a varios miembros del actual gobierno sugiriendo que hay un entramado de intereses que está por descubrir, relacionado con la investigación en curso.

Sánchez Torregrosa argumentó que los supuestos actos de corrupción asociados con esta infraestructura son la causa del incumplimiento de la fecha de finalización prevista, y sostiene que el Partido Socialista ha manipulado la realidad en torno al AVE.

En consonancia con estas declaraciones, Ana Martínez Labella, diputada nacional y portavoz adjunta de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, expresó la indignación que la situación ha causado en la población de Almería, aludiendo a las “corruptelas” reveladas en el reportaje de la UCO.

“En Almería, lo único que llega a tiempo es el dinero cuando el PSOE está al mando”, dijo Martínez Labella, quien también destacó que se ha documentado que el exministro José Luis Ábalos pudo haber recibido 550.000 euros en comisiones ilegales por esta obra.

La diputada también comentó que, a pesar de que inicialmente el cronograma fiscalizado por el exministro popular Íñigo de la Serna prometía un AVE para 2023, rápidamente se dieron cuenta de que había oportunidades para el enriquecimiento privado, lo que llevó a paralizar adjudicaciones y revisar proyectos.

“Esto requería un tiempo para establecer las comisiones y definir los pagos”, concluyó Martínez Labella, quien enfatizó que cada día de retraso supone un golpe al desarrollo económico de Almería y a la necesidad apremiante de esta infraestructura.

Martínez Labella ha asegurado que solicitará comparecencias ante las Cortes y pedirá explicaciones a los altos cargos del Gobierno. “No basta con pedir disculpas; deben asumir responsabilidades”, exigió, instando al presidente a actuar con transparencia y rendir cuentas a los ciudadanos de Almería.

Mientras tanto, Carlos Sánchez, portavoz del PP en Almería, hizo un llamado a los socialistas locales, especialmente al subdelegado del Gobierno, para que abogué por la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. “Es momento de priorizar a Almería sobre las siglas del partido”, indicó.

Sánchez argumentó que la construcción del tramo Pulpí-Vera se erige como el “epicentro” de supuestas comisiones ilegales que, según él, comenzaron a repartirse poco después de la llegada del gobierno socialista en 2018.

“Los primeros 100 días del gobierno de Pedro Sánchez se dedicaron a organizar una red para repartirse comisiones”, aseguró el portavoz del PP, destacando que había colocado a personas clave en posiciones de influencia para poder gestionar estos asuntos.

El representante almeriense del PP no dejó de señalar que la corrupción está arraigada en la cultura del Partido Socialista, sugiriendo que su conducta se refleja en episodios desafortunados que han marcado a Andalucía y que persisten a nivel nacional.