ALMERÍA, 24 de septiembre.

Un empresario vinculado a la gestión de residuos se prepara para enfrentar un juicio por la presunta acumulación descontrolada de desechos peligrosos y orgánicos en Roquetas de Mar, Almería. Esta situación, que se ha prolongado durante al menos nueve años, involucra cinco parcelas que abarcan casi dos hectáreas y se han convertido en un auténtico foco de contaminación ambiental.

La Fiscalía ha solicitado una pena de tres años de prisión para este hombre de 62 años por un delito agraviado contra la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Asimismo, se exige una multa exorbitante que alcanza casi 3,6 millones de euros, cifra determinada en función del daño provocado en la zona conocida como Las Palmerillas, donde se hallan los residuos.

Según el informe de la Fiscalía, entre 2013 y septiembre de 2022, el área registró un alarmante nivel de contaminación, lo que llevó al Ayuntamiento de Roquetas de Mar a adoptar medidas temporales al precintar las instalaciones tras un expediente sancionador.

El acusado, que operaba junto a un socio fallecido en 2019, gestionaba una empresa dedicada a la recolección y tratamiento de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. Sin embargo, las parcelas en cuestión han sido descritas como vertederos ilegales debido al notable descontrol en la acumulación de desechos, desde plásticos de invernaderos hasta restos de cosechas en avanzado estado de descomposición.

El estudio sobre el terreno revela no solo la presencia de residuos agrícolas, sino también de materiales de construcción, neumáticos, carrocerías de vehículos y desechos electrónicos, todos acumulados sin las medidas necesarias para evitar la contaminación del suelo y aguas subterráneas.

La investigación del Seprona detectó zanjas donde se vertían aguas residuales, así como lixiviados contaminantes derivados de los residuos agrícolas en descomposición, sin que se garantizara la recolección de manera efectiva, dado que carecían de sistemas de impermeabilización.

Durante una inspección realizada en julio de 2021, los agentes del Seprona encontraron un gran volumen de desechos en varias parcelas, donde se hallaban acumulaciones significativas de plásticos agrícolas y otros residuos domésticos, algunos alcanzando hasta cuatro metros de altura. En una de las parcelas, los restos agrícolas alcanzaban una altura máxima de tres metros en una superficie de 4.700 metros cuadrados.

En otra parcela, los agentes detectaron plásticos agrícolas que ocupaban 2.000 metros cuadrados, además de depósitos de residuos no peligrosos provenientes de la limpieza municipal, generando lixiviados que contaminaban un cauce público.

En el tercer terreno, los residuos de construcción se mezclaban con basura doméstica y aparatos electrónicos, ocupando un área considerable de 7.713 metros cuadrados y alcanzando 3,5 metros de altura. También se descubrieron obras que aparentemente estaban vertiendo aguas residuales al entorno, aumentando la preocupación por el impacto ambiental.

Tras una segunda visita en julio de 2022, el Seprona tomó muestras de las aguas residuales y lixiviados, las cuales fueron analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología. Los resultados indicaron un potencial tóxico que podría afectar gravemente la calidad del suelo y las aguas subterráneas.

La empresa del acusado enfrenta la posibilidad de una multa diaria de 50 euros durante tres años y la inactividad durante el mismo periodo. Además, la Fiscalía subraya que no se ha presentado documentación que acredite el origen y destino final de los residuos gestionados, lo que sugiere que la empresa operaba de forma clandestina, violando múltiples normativas ambientales de Andalucía.

Un informe de la Guardia Civil también confirmó que el vertido constante de estos desechos ha tenido un impacto negativo no solo en la calidad del aire y el agua, sino también en los ecosistemas cercanos, con una estimación de daños económicos que supera los 3.5 millones de euros.

Además de los tres años de prisión, la Fiscalía ha solicitado una multa correspondiente a 20 meses y la inhabilitación durante tres años para el acusado, de manera que no pueda estar al frente de empresas relacionadas con la gestión de residuos. Tanto él como su empresa tendrán que asumir los costes asociados a la recuperación del terreno y la limpieza de la contaminación generada. El juicio se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre en el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería.