**SEVILLA** - El PSOE de Andalucía y Podemos han hecho un llamado al Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla para que se suspendan las declaraciones programadas para este noviembre, incluida la de Amelia Martínez, actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, quien estaba prevista para testificar. Esta solicitud está vinculada a la investigación sobre posibles irregularidades en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y se fundamenta en la falta de documentación que aún no ha sido proporcionada por la administración regional.

Ambas formaciones políticas han presentado escritos al juzgado solicitando esta suspensión, en los cuales resaltan la importancia de contar con toda la información necesaria antes de llevar a cabo las declaraciones. Estos documentos fueron revisados por Europa Press y reflejan el consenso entre las partes en la acusación popular ante el tribunal.

Desde el PSOE se argumenta que la ausencia de la documentación imprescindible afecta la preparación para los interrogatorios, por lo que insisten en la necesidad de postergar las declaraciones del 18 de noviembre de 2025 a menos que se reciba la información requerida con suficiente antelación.

Por su parte, Podemos ha respaldado la solicitud del PSOE, remarcando que el SAS no ha cumplido con el requerimiento de documentación estipulado por el juzgado en una providencia anterior. En su escrito, Podemos hace eco del planteamiento del PSOE sobre la suspensión de las próximas declaraciones hasta que se complete este proceso de entrega de documentos, alegando que este contratiempo puede perjudicar el avance de la investigación judicial.

El magistrado encargado de la causa ha citado para el 25 de noviembre a la actual directora gerente del SAS, Valle García, así como a sus predecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán. En esta misma línea, el 18 de noviembre se espera la comparecencia de tres exinterventoras de la Junta, entre las que se encuentra Amelia Martínez, junto a otros testigos clave en la investigación.

La formación morada considera que estas comparecencias son esenciales para esclarecer el uso de los fondos públicos en la contratación de emergencia. Sin embargo, enfatizan que no se puede avanzar sin contar con toda la documentación necesaria, advirtiendo que este vacío puede comprometer la investigación y afectar los derechos de las partes implicadas.

Raquel Martínez, secretaria general de Podemos Andalucía, ha denunciado públicamente el estado de la sanidad pública en la región, afirmando que el proceso de privatización ha alcanzado niveles alarmantes. Critica al Gobierno de Juanma Moreno por no colaborar con la justicia y tratar de obstaculizar la investigación al no proporcionar la documentación solicitada, lo que, según ella, está causando un daño irreparable al sistema de salud pública. “Recuperar lo que hemos perdido será un proceso largo y complicado, debido a la falta de compromiso de un presidente que parece estar más alineado con los intereses de la industria sanitaria que con el bienestar de los ciudadanos”, concluyó Martínez.