CÁDIZ, 27 de marzo.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha alzado la voz ante un grave ataque vandálico dirigido hacia la jueza que investiga el trágico fallecimiento de dos guardias civiles, quienes fueron víctimas del arrollamiento por una narcolancha en el puerto de Barbate, en febrero de 2024.

Según un comunicado de la AJFV, el 8 de marzo, la magistrada María Eulalia Chanfreut encontró su vehículo, estacionado frente a su hogar, en un estado deplorable: las cuatro ruedas estaban pinchadas, el capó, el techo y los laterales habían sido cubiertos de pintura, y además se había robado el emblema trasero del coche.

La jueza, quien actúa como sustituta en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de Barbate, presentó una denuncia ante la Guardia Civil, acompañada de fotografías que documentan los daños sufridos por su vehículo, cuya reparación ha tenido que afrontar de manera anticipada.

Hasta el momento, y según la AJFV, no se ha logrado identificar a los responsables de estos actos vandálicos.

“Este tipo de incidentes genera una gran preocupación en el ámbito judicial”, declaró Sergio Oliva Parrilla, portavoz de la asociación, quien subrayó la necesidad de contar con medidas que garanticen la seguridad tanto personal como material de los miembros de la judicatura. Esta exigencia ha sido dirigida tanto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como al Ministerio de Justicia.

Oliva Parrilla también destacó que la AJFV está pidiendo que la Audiencia Nacional asuma la jurisdicción sobre delitos vinculados al narcotráfico, sin importar el impacto territorial de dichos crímenes. Según él, esta reestructuración en la división de competencias podría ayudar a reducir la posibilidad de influir sobre los jueces en las investigaciones y juicios relacionados con estos delitos.

Además, la Asociación ha instado al CGPJ a crear un protocolo que permita la compensación de daños a jueces y magistrados que sufran perjuicios en el desempeño de sus funciones. En un escrito enviado al CGPJ el 17 de marzo, la AJFV solicitó la implementación de un proceso de indemnización para aquellos que experimenten daños materiales durante el ejercicio de su labor, pues hasta ahora no existe un sistema establecido para los jueces en España.

Este procedimiento propuesto podría establecerse a través de un reglamento o modificación normativa, beneficiando a todos los jueces y magistrados activos que sufran daños en bienes propios o en aquellos puestos a su disposición por la Administración de Justicia.

Los incidentes que quedaran incluidos bajo esta normativa abarcarían situaciones en las que el autor del daño sea desconocido o sea conocido y se encuentre en situación de insolvencia, siempre que se pueda establecer un vínculo claro entre el daño y el ejercicio de la función jurisdiccional, tal como es el caso de la jueza cuya propiedad fue objeto de vandalismo.

María Eulalia Chanfreut es la encargada del denominado 'caso Barbate', que se originó el 9 de febrero de 2024, cuando los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez perdieron la vida tras ser atropellados por una narcolancha. Desde entonces, la jueza ha llevado a cabo las primeras detenciones en el marco de la investigación.

Además, está a cargo de indagar la posible responsabilidad penal de los superiores de la Guardia Civil que dieron la orden de actuación aquella fatídica noche.