El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha respondido a la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la limitación del número de licencias de servicios de vehículos de transporte con conductor (VTC) en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Sanz ha indicado que la Consejería de Fomento estudiará la sentencia y sus consecuencias en la región, pero ha recordado que el decreto de la Junta de Andalucía se tuvo que adaptar a la regulación establecida por el Gobierno de España sin diálogo previo.

El consejero ha resaltado que la normativa estatal establecía una ratio de 1,30 entre VTC y taxi como consecuencia de una ley estatal, por lo que las comunidades autónomas no tuvieron más remedio que adaptarse. Asimismo, ha subrayado que desde el Gobierno de Andalucía siempre se respeta la decisión de la justicia europea. Sanz ha indicado que están evaluando los efectos de la aplicación de la sentencia, desde cuándo y con qué extensión, y ha considerado precipitado evaluar qué decisiones tomarán sin conocer a fondo la sentencia.

En este sentido, el consejero ha señalado que la iniciativa del Gobierno, al ser una normativa estatal, será fundamental para marcar a las comunidades autónomas. Espera que, habiendo elecciones y un posible cambio de gobierno, el diálogo con las comunidades autónomas sea prioritario. Sanz ha concluido que desde Andalucía siempre trabajarán por ofrecer el mejor servicio público de cara al ciudadano y que atenderán la repercusión de la sentencia del TJUE.