La defensa del exsindicalista de UGT, Juan Lanzas, ha solicitado este miércoles un retraso en el inicio del juicio relacionado con el ERE de la empresa Río Grande, famosa por su restaurante en la calle Betis de Sevilla. Argumentan que necesitan más tiempo para estudiar adecuadamente la causa, tras haber sido designados como defensores de Lanzas hace escasos días.

El abogado Francisco Javier Freniche, quien representa a Lanzas, expresó durante la apertura de la vista que no ha podido familiarizarse con todos los detalles del caso en el tiempo transcurrido desde su nombramiento el 21 de febrero. La solicitud de un "margen razonable" para la preparación de la defensa fue respaldada en gran medida por las partes involucradas, a excepción de la Junta de Andalucía y de Carmen Fontela, debido a su avanzada edad. El tribunal decidió conceder la suspensión, enfatizando la importancia del derecho a una defensa adecuada y sin percibir mala fe en el pedido.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción había solicitado previamente la apertura de juicio oral contra Lanzas y otros implicados, incluyendo su pareja y los responsables de la consultora Vitalia, poniendo de relieve la gravedad de los cargos. Las acusaciones abarcan delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, por los cuales la Fiscalía exige penas significativas de cárcel e inhabilitación para los acusados principales.

En su escrito, la Fiscalía reclama la restitución de más de 1,5 millones de euros a la Junta de Andalucía en relación con los daños ocasionados. Además, ha solicitado multas y el comiso de cantidades considerables de dinero que algunos de los implicados supuestamente obtuvieron de manera ilícita a través de estas ayudas del ERE.

El juez José Ignacio Vilaplana subrayó, en su auto que transformó las diligencias en un procedimiento abreviado, la supuesta ilegalidad de las subvenciones concedidas a Río Grande sin seguir los procedimientos establecidos. Reveló que la empresa había recibido fondos públicos para cubrir indemnizaciones de despido de trabajadores, a pesar de haber registrado beneficios considerables en años previos.

La investigación indica que la administradora de Río Grande, María del Carmen García, pudo haber usado su conexión con Lanzas, a través de su rol en UGT, para obtener estas ayudas de manera irregular. La trama también involucra el uso de empresas y contratos de asesoría para gestionar y encubrir los flujos de dinero provenientes de estas ayudas, destacando un entramado complejo que se beneficia del sistema de subsidios públicos sin restricciones.

El caso se complementa con la denuncia de que se incluyeron en el ERE a personas que no formaban parte de la plantilla real de la empresa, lo que refuerza la sospecha de la existencia de irregularidades en el proceso. Un análisis detallado de las acciones de Río Grande se está llevando a cabo, en un contexto donde la justicia intenta asegurar que se haga efectiva la rendición de cuentas por el uso indebido de fondos públicos.