En Almería, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Berja ha tomado medidas en el marco de la operación 'Ovidio', que llevó a la detención de al menos 24 personas en Adra y Berja relacionadas con actividades ilegales como tráfico de personas, narcotráfico y suministro ilegal de combustible. Seis de los detenidos han sido enviados a prisión por orden judicial.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han confirmado que la jueza responsable de este caso interrogó a 13 de los detenidos, mientras que el resto fue puesto en libertad por las autoridades. Seis de los interrogados han sido enviados a prisión preventiva sin fianza, mientras que los otros siete quedaron en libertad con condiciones.

Los detenidos están siendo investigados por una variedad de delitos, y se espera que conforme avance la investigación se puedan concretar más acusaciones. Los cargos incluyen delitos contra la salud pública, seguridad pública, contrabando, inmigración ilegal, blanqueo de dinero, violaciones de normas de territorio y tenencia ilegal de armas.

La operación involucró a cerca de 200 agentes que realizaron 35 registros, con la coordinación de ocho funcionarios judiciales en un operativo que se planificó durante dos meses.

Los agentes incautaron varios vehículos de lujo y grandes cantidades de combustible que se sospecha estaban destinados a abastecer a 'narcolanchas' desde la costa de Adra.

Esta acción policial es el resultado de investigaciones realizadas por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria a principios de año, tras detectar un aumento significativo de actividades delictivas relacionadas con el contrabando y otros delitos.

En la operación participaron unos 200 efectivos de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera, con la colaboración de diferentes unidades especializadas y recursos marítimos y aéreos.

La operación, que se enmarca en el plan de seguridad del Campo de Gibraltar, ha revelado la extensión de esta problemática a diversas provincias andaluzas, incluida Almería, según lo señalado por el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.