La Audiencia de Sevilla ha dictado una sentencia condenatoria contra un hombre por delitos de pornografía infantil. En su terminal telefónico se encontraron 159 archivos que incluían vídeos de menores de 16 años, incluso bebés, participando en conductas sexuales explícitas. Estos archivos fueron compartidos por el acusado con otros usuarios, y fueron denunciados por Google ante las autoridades de Estados Unidos y luego trasladados a España.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en una sentencia emitida el pasado 10 de enero, establece que el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos proporcionó informes que pusieron en evidencia que la compañía Google denunció que un usuario había distribuido dos archivos de pornografía infantil a través de su perfil de Google. La publicación en la red Facebook de los archivos investigados se realizó desde la dirección IP asociada a la cuenta de usuario plus.google.com/fotos, que llevó al registro del perfil correspondiente.

La sentencia revela que los datos asociados a la cuenta de usuario incluían un número de teléfono y cuentas de correo electrónico de Gmail. El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, en respuesta a las diligencias de investigación, descubrió que la dirección vinculada a la IP mencionada coincidía con el domicilio del acusado en Utrera, quien era titular de la línea de teléfono relacionada.

Como resultado de lo anterior, en agosto de 2017, el Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla autorizó un registro en el domicilio del acusado, donde se confiscó un disco duro y un teléfono móvil Samsung Galaxy J7, propiedad del encausado, para su análisis.

La sentencia detalla que, al examinar superficialmente el teléfono, se encontraron 159 archivos en la aplicación Gallery Vault configurada por el acusado. Estos archivos incluían varios vídeos en los que menores de edad, incluso bebés, participaban en conductas sexuales explícitas, tanto entre sí como con otros menores. Se concluyó que el acusado había compartido estos archivos con otros usuarios.

Ante estos hechos y de acuerdo entre la Fiscalía y el acusado, el tribunal impuso una condena de un año y medio de prisión por el delito de pornografía infantil. Además, se le inhabilitó durante tres años para cualquier profesión, oficio o actividad que implique un contacto regular y directo con menores de edad.