SEVILLA, 30 de enero. La Policía Nacional ha puesto en marcha desde este jueves la segunda fase de la operación 'Aertase', un operativo diseñado para desmantelar presuntos delitos de coacciones, amenazas, daños y actividades de organización criminal. Hasta el momento, la operación ha resultado en la detención de siete individuos, sumando un total de 25 arrestos desde que empezó la investigación a principios de enero en la parada de taxis del aeropuerto de Sevilla, donde opera la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado la expansión de la operación, resaltando que esta fase aún está en desarrollo y exhortando a la cautela respecto a los detalles que se puedan revelar en el futuro. Toscano ha afirmado que no se descarta que se lleven a cabo más fases de la operación Aertase, la cual ha acumulado un total de 25 detenidos hasta la fecha.

El subdelegado ha expresado su agradecimiento por el arduo trabajo realizado por la Policía Nacional en varias operaciones dentro de Sevilla y su entorno. Además, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España, así como de las fuerzas de orden público, en la lucha activa contra la criminalidad, independientemente de la naturaleza de los delitos.

La operación Aertase se basa en investigaciones llevadas a cabo por la Brigada Provincial de Información de Sevilla, en colaboración con unidades de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y equipos de intervención policial. Su objetivo principal es abordar el monopolio existente en la parada de taxis del aeropuerto, que opera bajo una tarifa fija, a raíz de numerosas denuncias presentadas tanto por otros taxistas como por propietarios de autorizaciones de vehículos de transporte concertado (VTC). La primera fase de la operación resultó en 18 detenciones y un número adicional de personas bajo investigación.

El núcleo de la investigación radica en esclarecer una situación que muestra signos de monopolio, presuntamente perpetrado por un grupo de taxistas asociados a Solidaridad Hispalense. Estos conductores habrían acaparado el acceso a la parada de taxis del aeropuerto, aprovechándose de las tarifas fijas y utilizando tácticas de coacción y amenazas para excluir a otros taxistas del servicio.

Es importante recordar que, a finales de 2021, el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla había determinado continuar con el procedimiento abreviado contra Solidaridad Hispalense del Taxi y 27 taxistas, argumentando presuntos delitos de organización criminal, coacciones y daños relacionados con la monopolización de la susodicha parada de taxis del aeropuerto, con tarifas especiales que regulan los precios de las carreras.

Durante un registro realizado en junio de 2017 en la sede de la asociación, la juez responsable del caso reveló ciertos documentos que registraban conductas sancionables, utilizando un sistema de penalizaciones por diversas infracciones internas, que iban desde la imposición de suspensión laboral por utilizar incorrectamente las instalaciones hasta sanciones severas por faltas de respeto entre compañeros. Este ámbito de sanciones refleja un control estricto y exclusivo sobre el acceso a la parada del aeropuerto.

Además, se encontraron documentos que evidencian la naturaleza opresiva de las sanciones, incluso con cartas que especificaban la expulsión de la asociación como resultado de no participar en movilizaciones organizadas por la misma, lo que pone de manifiesto la estructura de poder manifiesta dentro de Solidaridad Hispalense y su dominio sobre el acceso al servicio de taxis en el aeropuerto, al margen de cualquier aplicación de la ley o derechos individuales.

Durante el registro, se hallaron también fotografías de vehículos de la Policía Local y de agentes que habían realizado numerosas intervenciones en las instalaciones del aeropuerto, lo que sugiere una supervisión constante y un interés por parte de la asociación en mantener el control sobre su territorio.

La juez concluyó que Solidaridad Hispalense presenta todas las características de una organización criminal, con una jerarquía bien definida, encabezada por el entonces presidente Enrique Filgueras, quien supposedly guía a los miembros de la directiva en la consolidación de su monopolio sobre el servicio de taxis en el aeropuerto de Sevilla.

No obstante, en el año 2022, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla revisó parcialmente una apelación presentada por Solidaridad Hispalense, revocando decisiones previas del Juzgado de Instrucción y declarando que no se prorrogaría el plazo de instrucción, lo que implicó la invalidez de las diligencias realizadas después del 9 de enero de 2018, abriendo un nuevo capítulo en esta compleja y delicada situación judicial.