El cierre del año 2025 trae consigo un balance mixto en el ámbito laboral en Andalucía, según un informe conjunto de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Aunque destacan algunos progresos en aspectos salariales y de empleo, también emergen preocupaciones significativas sobre la calidad de los servicios públicos, la creciente siniestralidad laboral, el aumento del costo de vida y la crisis de acceso a la vivienda.

Manuel Moreno, secretario de negociación de CSIF Andalucía, ha articulado una visión ambivalente sobre el pasado año, aludiendo a logros relevantes gracias a la continua lucha sindical y a negociaciones con las autoridades. Resaltó un acuerdo a nivel nacional que rompió la congelación salarial de los funcionarios públicos, garantizando un incremento del 11,4% en sus sueldos hasta 2028. Asimismo, destacó avances en licencias, conciliación y la eliminación de la tasa de reposición, dejando claro que estos son pasos hacia una mejora general en el sector público.

Sin embargo, Moreno también expresó que el acuerdo logrado con la Junta de Andalucía no representa un punto de llegada, sino más bien un modelo que debe ampliarse a otros sectores de la administración. Según él, existe un grave déficit de personal en la sanidad pública, que repercute en la capacidad de atención a la ciudadanía.

La falta de personal en el sector sanitario ha llevado a una mayor carga de trabajo para los profesionales, siendo esta una de las razones por las que las listas de espera continúan creciendo. CSIF también criticó el incumplimiento por parte de la Junta de los acuerdos alcanzados en 2023 para mejorar la atención primaria y avanzar en la carrera profesional de los trabajadores de la educación, enfatizando la necesidad urgente de invertir en políticas que favorezcan a los docentes, especialmente en atención a la diversidad.

Nuria López, secretaria general de CCOO de Andalucía, subrayó que el año 2025 ha sido testigo de logros significativos gracias a la militancia y movilización de los sindicatos, tales como la disminución del desempleo y mejoras en la estabilidad laboral. Destacó el aumento de los sueldos más bajos acompañado de la revisión del salario mínimo interprofesional, así como el reciente acuerdo sobre el empleo público que promete recuperar salarios para el personal al servicio del gobierno andaluz.

CCOO también aplaudió las ventajas en permisos, la introducción de nuevos derechos para la conciliación y la actualización de pensiones en función del costo de la vida. No obstante, se mostraron alarmados ante la escalada de precios en la cesta básica, así como el disparo de los alquileres, que han dificultado la vida diaria de muchas familias trabajadoras mientras que las empresas reportan beneficios récord.

De cara al futuro, CCOO ha planteado la necesidad de seguir aumentando los salarios, proseguir con la reactivación de la negociación colectiva y mejorar la organización del tiempo laboral. Además, abogan por una formación profesional que sea accesible y útil para la sociedad. Un enfoque firme en la erradicación de la precariedad en el empleo y el reforzamiento de medidas de seguridad laboral también son prioridades para el sindicato, que critica al Gobierno andaluz por alejarse de la realidad que enfrenta la clase trabajadora.

Por su parte, Oskar Martín, secretario general de UGT Andalucía, destacó que 2025 se cierra con avances, pero también con "alertas significativas". La central sindical ha puesto el foco en la alta siniestralidad laboral, habiendo registrado 107 muertes en accidentes laborales en la región. Aseguró que los planes implementados en 2023 no han dado resultado, lo que llevó a UGT a no firmar la Estrategia Andaluza 2024-2028.

En este sentido, UGT ha hecho un llamado a establecer medidas concretas como la creación de delegados de prevención en distintos sectores, un fondo de apoyo para víctimas de accidentes laborales y un refuerzo de la inspección para asegurar el cumplimiento de las normativas. Además, ha instado al gobierno central a actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995.

Con miras al 2026, UGT planea amplificar sus acciones de concienciación sobre la siniestralidad y reivindicar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, lamentando que este proceso se haya estancado en el último año. También han promovido un modelo de jornada laboral de 32 horas donde sea posible y han enfatizado la necesidad de preservar y fortalecer los servicios públicos, especialmente la salud, educación y servicios sociales, ante la creciente tendencia a la privatización.

El tema de la vivienda también fue abordado, señalando la presión que los altos alquileres ejercen sobre familias y jóvenes. UGT exige medidas claras que contengan los precios de la vivienda y la creación de un parque público de inmuebles para asegurar el acceso a la vivienda asequible.

En el ámbito de igualdad, destaca que en 2025 hubo 47 feminicidios en España, de los cuales 14 se produjeron en Andalucía, visibilizando la necesidad de continuar con esfuerzos robustos contra la violencia de género a través de planes de igualdad y atención efectiva a las víctimas. Los tres sindicatos concordaron en que Andalucía tiene el potencial de ser más equitativa, pero para lograrlo en 2026, será crucial intensificar la negociación colectiva, la movilización social y la defensa de los derechos laborales y de los servicios públicos.