SEVILLA, 18 de noviembre. El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha tomado un paso significativo en la investigación relacionada con la denuncia presentada en 2024 por los parlamentarios del PSOE-A, la cual apunta a posibles irregularidades en la adjudicación de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante un procedimiento de emergencia desde 2021. Este martes, se han convocado a declarar como testigos a importantes figuras, entre ellas la actual viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeas y Diálogo Social, Amelia Martínez, quien anteriormente se desempeñó como interventora general de la Junta.

Además de Martínez, el tribunal ha citado a otros cuatro ex altos cargos de la administración andaluza. Esto incluye al exdirector económico del SAS, José Antonio Miranda, y al exdirector de asistencia sanitaria, Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás, junto con la exinterventora central del SAS, Blanca Pons, y su colaboradora, María Victoria López. Estas comparecencias se enmarcan dentro del proceso judicial que investiga posibles transgresiones en la gestión de fondos públicos.

El juez encargado del caso también ha programado para el 25 de noviembre las declaraciones de la actual directora gerente del SAS, Valle García, así como de sus predecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, quienes comparecerán esta vez como investigados. La decisión fue comunicada a las partes involucradas a través de una providencia el 9 de septiembre.

En un gesto para clarificar la situación, el juez solicitó a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS que envíe el expediente que originó un informe sobre la verificación de gastos con fondos europeos, específicamente en lo relacionado con la finalización del antiguo Hospital Militar de Sevilla. Este paso refleja la necesidad de obtener toda la información relevante para el avance de la investigación.

A mediados de noviembre, PSOE-A y Podemos, que actúan como acusaciones populares en este proceso, pidieron la suspensión de las declaraciones hasta que se entregara la documentación que consideran necesaria. Sin embargo, el juez descartó esta solicitud al día siguiente, permitiendo que las citaciones siguieran adelante.

La denuncia inicial fue interpuesta por una treintena de parlamentarios del PSOE-A, quienes alegan que se han dado irregularidades en la contratación realizada por el SAS bajo procedimientos de urgencia durante los años 2021 a 2023. Este asunto ha suscitado gran interés público y podría tener consecuencias significativas para los implicados.

El 1 de octubre de 2024, el mismo juzgado decidió iniciar diligencias previas debido a la existencia de un posible delito de prevaricación administrativa. Posteriormente, en noviembre del año anterior, el PSOE-A amplió su querella para incluir presuntas irregularidades ocurridas en 2024 bajo la gestión actual del SAS. Esto ha llevado al juez a aceptar la querella y su ampliación, confirmando que los hechos denunciados podrían corresponder a un presunto delito, aunque la investigación sigue su curso.