SEVILLA, 8 de julio.

Las universidades públicas en Andalucía han alzado la voz en contra de lo que califican como una preocupante estrategia del Gobierno regional que promueve la privatización y mercantilización del acceso a la educación superior. Las instituciones académicas han manifestado su descontento por el claro trato preferencial que reciben las universidades privadas, lo que ha llevado a una alarmante situación, especialmente con la próxima aprobación de hasta 34 nuevos programas académicos en universidades como Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, CEU Fernando III y Loyola Andalucía.

Las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Jaén, Málaga, Sevilla y la Pablo de Olavide (UPO) han emitido un comunicado en el que advierten que esta realidad no es inocente. Aseguran que las políticas del Gobierno están estrangulando el sistema público educativo, generando un ciclo negativo que afecta a la calidad y disponibilidad de la educación superior.

En cuanto a los nuevos títulos que se están autorizando, las universidades han resaltado que la situación actual no deja lugar a dudas; existe un evidente y desigual tratamiento hacia las universidades públicas en comparación con el que se otorga a sus contrapartes privadas. Por ejemplo, la Universidad de Córdoba vio rechazada su propuesta del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por razones de empleabilidad, mientras que el mismo grado fue aceptado para la Universidad CEU Fernando III.

Además, las instituciones educativas han expresado su incredulidad al darse cuenta que, en un reciente proceso de verificación, las universidades de Granada y Jaén recibieron un informe desfavorable para el Grado en Ingeniería Biomédica, mientras que este mismo título fue aprobado para la Universidad Loyola Andalucía. Este hecho ha sido considerado como una ironía que resalta la desigualdad de oportunidades en un campo con alta demanda laboral.

Las universidades públicas han llamado la atención sobre el hecho de que, a pesar de que los títulos de estas instituciones han sido verificados positivamente por la Agencia para la Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), la información sobre las universidades privadas permanece oculta. Denuncian que esta falta de transparencia es injustificable y que afecta al derecho de la sociedad a estar informada sobre la calidad de la educación que se les ofrece.

En su conclusión, sostienen que cada decisión tomada en esta dirección aleja a Andalucía de un modelo educativo que debería garantizar la igualdad de oportunidades y, por el contrario, va en la dirección de perpetuar y acentuar las desigualdades sociales. Además, critican el funcionamiento ineficaz de Accua, que carece de liderazgo y ha generado situaciones administrativas inaceptables.

Las universidades han señalado que como resultado de la gestión deficiente de la Consejería, cerca de 800 estudiantes se han preinscrito en el Grado de Ingeniería Biomédica bajo condiciones inciertas, generando un caos sin precedentes en el proceso de admission. Este fenómeno pone de manifiesto las fallas estructurales en la tendencia actual.

A modo de solución, las universidades han instado a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a colaborar con ellas para abordar urgentemente los serios problemas que han surgido tanto en Accua como en el Distrito Único Andaluz, una demanda que ha sido reiterada por las comunidades académicas y la sociedad andaluza desde hace tiempo.