Abogados que representan a la familia del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar y del soldado Carlos León Rico han impugnado la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba de inhibirse en favor del Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla. Argumentan que los hechos pueden considerarse como un homicidio con dolo eventual y, por lo tanto, deben ser juzgados por la justicia ordinaria y no militar.

Los abogados han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba, sosteniendo que los delitos no pueden estar relacionados con el Código Penal Militar. Argumentan que la justicia ordinaria es más garantista y defienden que el caso debe seguir en el ámbito civil.

El abogado destaca que el caso está en curso en el Juzgado de Instrucción 4 y que las muertes de los dos militares no pueden ser objeto de dos procedimientos punitivos. Considera que la Audiencia Provincial de Córdoba y el Tribunal Central Militar deberán decidir qué juzgado debe ser competente para conocer del caso.

Según el abogado, las muertes ocurrieron en un ejercicio en el que no se tomaron las medidas de seguridad adecuadas. Afirma que era sabido que podría haber un accidente debido a la imposibilidad de realizar el ejercicio de manera segura. Destaca las cualidades del cabo Jiménez, condecorado y con años de experiencia, y enfatiza que no pudo superar las adversidades climáticas por la falta de medidas de seguridad.

El abogado señala que las mochilas utilizadas en el ejercicio no cumplían con los estándares necesarios y llevaban un peso extra. Asimismo, destaca que hay documentación importante relacionada con el caso que aún no ha sido abierta debido a la falta de competencia judicial.

En cuanto a la imputación de los oficiales y suboficiales, el abogado explica que se debe a la falta de medidas de seguridad que causaron las muertes de los dos militares. Destaca que las mochilas utilizadas no eran aptas y que el ejercicio no debió haberse llevado a cabo en esas condiciones.

El abogado concluye afirmando que el objetivo es lograr justicia y evitar que hechos similares se repitan en el futuro, asegurando que todas las actividades militares deben cumplir con los estándares de seguridad necesarios.