El 3 de junio, Huelva se convirtió en escenario de un avance significativo en la mejora de las condiciones de vida de las personas trabajadoras temporales en el ámbito agrícola, tras la firma de un protocolo de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y los municipios de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto.

Este acuerdo se integra dentro del Marco de Actuaciones Socioeconómicas de Doñana, un proyecto promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Su objetivo es crear un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo social y económico de la región. Según la Oficina Técnica de Doñana, este esfuerzo va dirigido a mejorar la situación de aquellas personas temporeras que viven en condiciones de alta vulnerabilidad.

El pacto tiene una validez de tres años y sirve como cimiento para futuras acciones específicas que se llevarán a cabo en la región. Ha sido firmado por la subsecretaria de Vivienda y Agenda Urbana, Llanos Castellanos, junto a los alcaldes de los tres municipios mencionados: Gustavo Cuéllar, Milagros Romero y Álvaro Regidor. También estuvo presente la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, lo que subraya la importancia del evento.

El enfoque de esta cooperación se centra en diversas estrategias para mejorar la situación habitacional de las personas temporeras. Esto incluye propuestas para la adquisición y rehabilitación de viviendas, así como la adecuación de espacios que puedan ser utilizados con fines residenciales.

Con miras a lo futuro, se establecerá un marco normativo que permitirá gestionar de manera efectiva el apoyo financiero hacia los municipios participantes, facilitando que cada uno adapte las soluciones a sus características y necesidades específicas.

España ha diseñado, a través de su ministerio, dos Marcos de Actuaciones para Doñana, considerados pioneros en su enfoque al combinar la restauración del medio ambiente con el bienestar social. La iniciativa busca asegurarse de que los valores ecológicos de la zona sean preservados mientras se impulsa un desarrollo económico sostenible que responda a las necesidades locales.

Se destinarán 706 millones de euros a este plan, en un enfoque que implica la colaboración de 12 ministerios, lo que representa un compromiso excepcional con la restauración ambiental y el bienestar de la población andaluza. La Oficina Técnica de Doñana será la entidad encargada de coordinar la ejecución de esta significativa inversión.

Dentro del Marco de Actuaciones socioeconómicas, que respalda este nuevo acuerdo, se han asignado 350 millones de euros. Este presupuesto financia diversas líneas de acción dirigidas a sectores como el agroalimentario, ganadero y forestal, así como a la formación y a la mejora de la empleabilidad, siempre con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas temporeras y a apoyar iniciativas a nivel municipal.