La provincia de Cádiz se encuentra en el centro de un escándalo relacionado con el transporte escolar, tras el anuncio de una investigación por parte de la Agencia Pública de Educación (APAE). Este organismo ha detectado un "notable aumento" en los gastos asignados a este servicio durante el curso escolar 2022-2023, lo que ha conducido a la apertura de una pesquisa en mayo pasado que ha desembocado, por el momento, en el despido de un empleado sospechoso de participar en irregularidades y la remisión del caso a la Fiscalía.

Según ha informado la Consejería a Europa Press, la decisión de investigar surgió a raíz de las revelaciones publicadas por El País sobre presuntas facturas falsificadas. Estas indagaciones preliminares se centraron en la tramitación irregular de contratos relacionados con el transporte escolar, lo que llevó a la suspensión del trabajador involucrado en su puesto de trabajo y sueldo como medida cautelar.

Las pesquisas iniciadas por el equipo técnico de la APAE en la Gerencia de Cádiz revelaron un incremento inusual en el presupuesto destinado a este servicio, lo que dio pie a una investigación más exhaustiva. Tras varios meses de indagación, en noviembre de 2023, la agencia tomó la decisión de despedir al empleado en cuestión, tras iniciar un expediente disciplinario por infracciones de gravedad considerable.

La APAE no solo ha tomado medidas internas, sino que también ha alertado a la Intervención General de la Junta sobre el caso, que ha acabado teniendo eco en la Fiscalía, ante indicios de actividad delictiva. Además, la documentación correspondiente al caso ha sido remitida a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) para su revisión y análisis.

Por último, la agencia ha comenzado procedimientos para recuperar más de 351.000 euros que fueron cobrados de manera irregular por la empresa involucrada, además de reclamar 25.235 euros al trabajador por los salarios percibidos mientras estaba suspendido. Las irregularidades han afectado a varias rutas de transporte escolar, incluyendo algunas relacionadas con centros educativos en Chiclana, donde se descubrió que el servicio se había prestado solo una vez mientras se había facturado en múltiples ocasiones a través de distintos contratos con la misma entidad.