El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Órgiva (Granada) ha ordenado el inicio de un juicio contra el alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo (PP), por supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Esto ha sido a raíz de una denuncia presentada por el ex jefe de la Policía Local del municipio, que acusa al alcalde de omitir de manera intencional la tramitación de expedientes sancionadores por denuncias de tráfico, causándoles así una "caducidad".

El concejal de Hacienda y Seguridad Ciudadana en ese momento, Juan Manuel Jiménez Gutiérrez, también se enfrentará al juicio por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación. Esto se indica en el auto de apertura de juicio oral emitido en mayo al que Europa Press ha tenido acceso. La Fiscalía no ha presentado cargos contra ninguno de los dos políticos y ha pedido el sobreseimiento provisional.

Eric Escobedo y Juan Manuel Jiménez Gutiérrez fueron procesados por el juzgado de instrucción a principios de este año. En el auto, se establece que Eric Escobedo, en su capacidad de alcalde, tiene la capacidad sancionadora en cuestiones de tráfico y seguridad vial y, como parte de sus responsabilidades, puede iniciar los procedimientos disciplinarios para las denuncias de tráfico.

El jefe de la Policía Local estaba a cargo de informar a Escobedo sobre las denuncias y de notificar las multas a los infractores una vez que la autoridad local las había firmado.

El juez instructor cree que hay pruebas de que Escobedo "omitió" la tramitación de varios expedientes "provocando la caducidad y archivo de los mismos" con el consiguiente perjuicio a las arcas públicas. El concejal implicado en la causa actuó de la misma manera mientras tenía la capacidad para resolver estos actos administrativos. Esto involucra un total de 59 expedientes desde agosto de 2016 hasta mayo de 2017.

El edil luego "nombró arbitrariamente" a un auxiliar del Ayuntamiento como instructor para la tramitación de denuncias, aunque este último afirmó en un escrito que "no tenía conocimientos para realizar esta actividad y que tampoco poseía la categoría exigida para la misma".

A su vez, el alcalde de Lanjarón nombró al policía local que imponía las multas como tramitador del procedimiento sancionador "teniendo conocimiento de que dichas circunstancias atentan contra las garantías de imparcialidad y objetividad que debe presidir todo procedimiento administrativo y estando fuera de las competencias del Policía Local denunciante".

La acusación particular ha solicitado dos años y medio de prisión y 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el alcalde. Para el edil de Seguridad Ciudadana, ha pedido una condena de dos años de prisión y 15 de inhabilitación.