SEVILLA, 17 de diciembre. La Junta de Andalucía ha solicitado oficialmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que anule la Orden Ministerial emitida el 10 de octubre de 2025, que establece el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en una extensión de aproximadamente 118.772 metros, abarcando las marismas de Doñana en los municipios de Hinojos, Almonte (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla).

Dicha petición se fundamenta en la normativa de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y se presenta como un paso previo a la posible presentación de un recurso contencioso-administrativo. La consejería argumenta que existe una amplia base técnica, científica y jurídica que pone en entredicho tanto el procedimiento seguido como el contenido del deslinde aprobado por el gobierno central, según un comunicado oficial.

La Junta alega que el nuevo deslinde incluye terrenos que no cumplen con los requisitos necesarios para ser clasificados como dominio público marítimo-terrestre, ya que no están bajo la influencia de las mareas ni desempeñan funciones de estabilidad costera. De hecho, se señala que la delimitación se extiende notablemente hacia el interior, abarcando zonas marismeñas que ya habían sido excluidas de un deslinde realizado anteriormente en 2021.

En el caso específico de las marismas de Doñana, el requerimiento enfatiza que su ecosistema actual funciona basado en aguas pluviales y fluviales, no mareales, respaldado por numerosos estudios realizados por la propia Junta y por instituciones académicas y científicas. La influencia de las mareas, según subraya el documento, se limita a un estrecho márgenes adyacente al río Guadalquivir, incapaz de inundar la totalidad de la marisma debido al dique natural que se ha formado a lo largo de miles de años.

Además, se señala que esta desconexión entre la marisma y el mar no es un fenómeno reciente, sino que ha sido una realidad histórica que existe desde hace siglos, incluso antes de las grandes obras hidráulicas en el estuario. Se critica que el estudio técnico que sustentó el deslinde atribuye erróneamente características mareales a ciertas inundaciones que, en realidad, están vinculadas a lluvias y avenidas de los ríos.

El requerimiento también impugna la evaluación realizada sobre la salinidad en suelos y aguas subterráneas, argumentando que es resultado de procesos geológicos antiguos y no de una conexión actual con el medio marino. Según los informes citados, el acuífero que subyace la marisma es un sistema confinado, sin ningún vínculo directo con el océano, lo que cuestiona las bases para incluir estos terrenos dentro del dominio público marítimo-terrestre.

Asimismo, se hace hincapié en la importancia de abordar el tramo del brazo arenoso, el cual, salvo por el primer cordón cercano a la playa, son dunas estabilizadas que han estado desvinculadas de la dinámica litoral durante siglos, evolucionando de forma continental. Por lo tanto, no cumplen con las funciones de protección costera que exige la normativa vigente para ser considerados como dominio público marítimo-terrestre.

La Junta destaca que estos terrenos tienen un largo historial de usos tradicionales y que están protegidos al máximo debido a su inclusión en el Parque Nacional y el Espacio Natural de Doñana. En este contexto, el gobierno regional sostiene que la ampliación del dominio público no garantiza una mejor conservación, sino que genera incertidumbre jurídica y conflictos innecesarios en propiedad.

En términos de procedimiento, el requerimiento apunta a "deficiencias notables" en la gestión del deslinde, como la falta de respuesta durante un periodo superior a un año y medio a las alegaciones presentadas anteriormente por la Junta. Además, se denuncian cambios significativos en el trazado del deslinde, que afectan diversos tramos y vértices del mismo.

Se señala que este deslinde impacta sobre el 56% de las fincas públicas en la región, incluyendo la totalidad de las marismas en Sevilla, que fueron adquiridas por el Estado en 2006 y luego transferidas a la Junta. También se menciona la ausencia de un reconocimiento adecuado de campo en un terreno de escasa altitud, donde pequeñas variaciones topográficas pueden influir en la inundación y los hábitats de la marisma.

El documento destaca que la verificación sobre el terreno es esencial para valorar la viabilidad del deslinde propuesto. Otro asunto crucial que se plantea es la falta de consulta con el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, una entidad que reúne a todas las partes interesadas. Este consejo ya había emitido un informe desfavorable sobre el deslinde aprobado, expresando su descontento por no haber sido consultado como era necesario.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha indicado que la Junta ha mantenido una postura de lealtad institucional desde el principio, con el objetivo de que la delimitación del dominio público en Doñana se base en criterios científicos y técnicos sólidos. Resalta que decisiones de tal trascendencia deben basarse en información precisa y en el conocimiento acumulado sobre la dinámica de la marisma durante décadas.

García ha remarcado que el requerimiento no cuestiona el deber de proteger Doñana, sino que busca asegurar su conservación a través de un enfoque riguroso y consensuado, evitando interpretaciones que no reflejan la realidad ecológica del área. Ha advertido que el deslinde aprobado podría introducir confusiones que afectarían la gestión diaria del espacio natural y la coordinación entre administraciones.

La consejera ha defendido que Doñana es un patrimonio de valor universal y que cualquier actuación sobre su delimitación necesita ser construida a partir del diálogo y el respeto hacia los órganos de participación, así como en coherencia con el conocimiento científico existente. En esta línea, ha calificado el requerimiento como una herramienta legal legítima que busca reconducir el procedimiento y abrir posibilidades para una revisión objetiva y compartida.

Finalmente, se ha anunciado que esta situación será notificada a la Comisión Europea, conforme a lo acordado en el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana. La Junta de Andalucía, por tanto, solicita que el Ministerio "deje sin efecto" la orden emitida o, como alternativa, que emita una nueva resolución que adopte la línea de deslinde que propone la Dirección del Espacio Natural de Doñana, alineada con la realidad geomorfológica, hidrológica y ecológica, así como con la normativa vigente que asegura la protección de este singular enclave.