SEVILLA, 1 de septiembre.

En una reciente entrevista, el consejero de la Presidencia, Interior y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, criticó al Gobierno central por lo que considera un intento de generar caos y desbordamiento en comunidades autónomas bajo gestión del Partido Popular (PP). Estas declaraciones surgen en el contexto del nuevo Real Decreto 743/2025, aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros, el cual establece directrices para el reparto de menores migrantes no acompañados provenientes de Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla.

El decreto en cuestión define una capacidad estándar para la recepción de estos menores en España, estableciendo una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. Según este cálculo, Andalucía se posiciona como una de las comunidades con mayor capacidad de acogida, teniendo establecidas 2.827 plazas, seguida de Cataluña con 2.650 y Madrid con 2.325.

Ante las inquietudes sobre la posibilidad de que la Junta recurra al Tribunal Constitucional, Sanz fue contundente al señalar que examinarán todas las vías legales disponibles, incluidas reclamaciones ante el Tribunal Supremo, en respuesta a lo que él considera una "imposición política" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, Sanz no dudó en señalar que el reparto desigual de menores migrantes es indicativo de un trato preferencial hacia comunidades como País Vasco y Cataluña, las cuales, en su opinión, evitan recibir nuevos casos, mientras que Andalucía asume una carga desproporcionada sin los recursos necesarios. Este, a su juicio, es un intento del Ejecutivo central por mantenerse en el poder a través de favores políticos.

El consejero subrayó su desaprobación, describiendo la utilización de menores migrantes como "mercancía política" y cuestionando las razones detrás de que otras comunidades no asuman su parte del problema. Sanz se preguntó retóricamente quién explica esta discrepancia a menos que se trate de mantener a Pedro Sánchez en su cargo.

Finalmente, Sanz reafirmó el compromiso de Andalucía con la acogida de menores inmigrantes, insistiendo en que la comunidad no necesita lecciones sobre solidaridad. Sin embargo, argumentó que, debido a la saturación de recursos, Andalucía exige que se respete su situación y se garantice la dignidad de los menores, rechazando cualquier intento de usarlos como herramientas en el juego político.