Este martes, Andalucía da un paso significativo hacia el fomento de la movilidad limpia al abrir el periodo de solicitudes para el programa MOVES III 2025. Este ambicioso plan cuenta con dos líneas de financiación: una de 40 millones de euros destinada a la compra de vehículos eléctricos y de pila de combustible y otra de 26,7 millones enfocada en la creación de estaciones de recarga.

La Agencia Andaluza de la Energía, bajo la supervisión de la Consejería de Industria, Energía y Minas, gestionará este programa que, con un total de 66,8 millones de euros en ayudas, busca apoyar aproximadamente 13.700 solicitudes, según informaron fuentes oficiales.

Una de las principales novedades de esta edición es la simplificación del proceso administrativo. Ahora, y a instancias de la propia Andalucía y otras comunidades autónomas, ya no será necesario presentar comprobantes de gastos para aquellos proyectos que no superen los 100.000 euros. Esta medida tiene como objetivo aliviar la carga burocrática que tradicionalmente ha pesado sobre los solicitantes, aunque se mantendrán controles aleatorios posteriores.

En términos de incentivos, los montos se mantienen similares a los de la edición anterior del programa. Los individuos, autónomos y empresas podrán recibir hasta 7.000 euros al achatarrar un vehículo de más de siete años y adquirir un automóvil eléctrico de autonomía extendida o un híbrido enchufable con más de 90 kilómetros de autonomía. Si no hay vehículo para achatarrar, la ayuda se reduce a 4.500 euros.

Respecto a las infraestructuras de recarga, se ofrecerá una ayuda del 70% para que particulares, autónomos y entidades públicas instalen puntos de recarga, porcentaje que aumentará al 80% en localidades de menos de 5.000 habitantes. En el caso de empresas, las ayudas variarán entre el 20% y el 60% dependiendo de diversos factores como la potencia instalada y la ubicación del negocio.

El programa MOVES III 2025 está regulado por el Real Decreto-ley 3/2025 y cuenta con financiamiento del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Además, permitirá solicitudes retroactivas a partir del 1 de enero de 2025 para quienes ya hayan realizado la compra o instalación de puntos de carga antes de esa fecha.

Para los autónomos que soliciten ayudas en régimen de minimis, la retroactividad será posible siempre y cuando sus subvenciones no superen los 300.000 euros en el transcurso de tres ejercicios fiscales. Las pymes, por su parte, solo podrán beneficiarse de la retroactividad en lo que respecta a puntos de carga.

Los interesados en acceder a estos incentivos deberán hacerlo a través de empresas que estén registradas en el programa, a menos que se trate de entidades locales o del sector público, las cuales pueden presentar las solicitudes directamente. Estas empresas no solo facilitarán la adquisición de los vehículos o la instalación de los puntos, sino que además gestionarán electrónicamente todos los trámites necesarios ante la Agencia Andaluza de la Energía.

Las solicitudes estarán abiertas hasta el 31 de diciembre de 2025 y se procesarán por orden de llegada hasta agotar el presupuesto. En caso de que se agoten los fondos, se establecerá una lista de reserva provisional, sujeta a la liberación de futuros recursos.

Recordemos que tras la no convalidación en el Congreso de la ampliación de la edición anterior de MOVES III, casi 500 solicitudes presentadas en enero quedaron en un limbo, el 73% de las cuales estaban relacionadas con vehículos y tenían un importe total de ayuda de 2,7 millones de euros. Gracias a la intervención de Andalucía, estas solicitudes ahora serán consideradas válidas y comenzarán su tramitación.

En la edición previa de MOVES III, cercana a 1.600 solicitudes quedaron en lista de espera cuando se agotaron los fondos para la compra de vehículos eléctricos. Para maximizar el apoyo a estos solicitantes, la Junta de Andalucía pidió al Estado una reprogramación de fondos, lo que permitió admitir el 90% de las solicitudes pendientes según la resolución publicada en el BOJA.

Sin embargo, las solicitudes que se quedaron en lista de reserva provisional en 2024 no serán atendidas, ya que el Ministerio solo financiará las solicitudes realizadas a partir del 1 de enero de 2025. Este escenario destaca la necesidad de agilidad en los procesos y recursos para apoyar la transición hacia una movilidad más sostenible.