SEVILLA, 24 de diciembre. La Junta de Andalucía ha hecho un importante anuncio este miércoles con la publicación de su nueva Ley de Vivienda, que se implementará a partir del 24 de enero. Esta legislación busca mejorar el acceso a la vivienda, priorizando a aquellas personas y familias que más lo necesitan, mediante el incremento de viviendas protegidas y asequibles.

En un comunicado, la Junta ha destacado que la ley se sustenta en cuatro ejes fundamentales: aumentar la disponibilidad de viviendas de protección oficial, fomentar la rehabilitación de inmuebles, simplificar los trámites para proyectos residenciales y garantizar la seguridad jurídica de los propietarios frente a situaciones de ocupación.

Con esta nueva normativa, el Gobierno andaluz refuerza las iniciativas que ha venido desarrollando desde 2019, con el objetivo de favorecer tanto el alquiler como la venta de vivienda protegida, creando un entorno propicio para la construcción y rehabilitación de viviendas.

La legislación introduce el concepto de "áreas prioritarias", que son zonas donde se identifican mayores obstáculos para acceder a la vivienda. En estas áreas, se concentrarán los recursos del gobierno a través de ayudas para alquiler, adquisición de viviendas y estímulos para la construcción de nuevos hogares.

Además, se contempla una fuerte colaboración entre el sector público y privado, a través de concesiones y subvenciones, buscando unir esfuerzos en la expansión de la oferta residencial a precios accesibles.

En este contexto, se pondrá en marcha una comisión dedicada a fomentar esta colaboración entre el sector público y privado, que buscará innovar en programas como el intercambio de suelo por vivienda y el desarrollo urbano de terrenos. La ley también se asegura de equilibrar la oferta de viviendas en venta y alquiler, priorizando el uso residencial a largo plazo.

Un aspecto destacado de la ley es su enfoque en la rehabilitación de viviendas, con proyectos destinados a renovar barrios y eliminar la infravivienda, todo bajo principios de sostenibilidad social, ambiental y económica.

Asimismo, se busca mejorar la calidad y la eficiencia energética de las construcciones, a través de la creación de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, que fomentará, entre otras cosas, la industrialización en el sector de la construcción. Se implementarán medidas para asegurar el adecuado uso del parque residencial, limitando ocupaciones ilegales y protegiendo a los más vulnerables.

Con miras a abordar la problemática de los desahucios y la ocupación ilegal, la ley incluye la creación de una Comisión de Coordinación dedicada a estas cuestiones, estableciendo mecanismos de información y asesoramiento para quienes se enfrenten a estas situaciones.

La legislación también recoge diversas propuestas urgentes del decreto-ley vigente, dejando fuera solo aquellas medidas temporales que permiten aumentar la densidad en ciertos terrenos bajo el compromiso de que sean destinadas a vivienda protegida.

Cabe destacar que cerca de 80 municipios andaluces ya se han acogido a este decreto-ley, que representa a más de la mitad de la población de la comunidad, especialmente en aquellas áreas con alta demanda de vivienda.

Con esta ley, Andalucía se posiciona como la primera comunidad autónoma en establecer un marco legal renovado después de la normativa estatal que lleva más de dos años en vigor. Se espera que esta nueva legislación corrija los problemas generados por la Ley Estatal de Vivienda, que ha resultado en aumentos de precios, disminución de la oferta y un entorno de incertidumbre jurídica para los propietarios.

Finalmente, la Ley de Vivienda de Andalucía simplificará la normativa existente y abordará la dispersión legislativa, al derogar cuatro leyes anteriores, incluyendo la Ley de la Vivienda Protegida de 2005 y la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010, entre otras.