SEVILLA, 11 de junio. En una reunión celebrada este miércoles, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado la decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en oposición al Decreto-ley 2/2025, emitido el 18 de marzo. Este decreto se refiere al reparto de menores migrantes entre las distintas comunidades autónomas y, según el Ejecutivo andaluz, representa una clara "invasión de competencias" por parte del Gobierno central.

La noticia fue confirmada por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España (PP-A), quien se dirigió a los medios tras la reunión semanal del Gobierno andaluz. En su intervención, resaltó la intención de recurrir este Decreto-ley, que tiene como objetivo establecer medidas urgentes en defensa del interés superior de la infancia en situaciones de crisis migratorias extraordinarias.

España expresó su desacuerdo con el método utilizado por el Gobierno central para llevar a cabo este reparto, subrayando que se realizó "sin diálogo ni negociación" con las comunidades autónomas implicadas, que son las verdaderamente afectadas por estas decisiones.

En su declaración, la consejera reafirmó el compromiso de Andalucía como una "tierra solidaria y de acogida", pero enfatizó la necesidad de contar con recursos adecuados para la atención de estos menores. "No podemos asumir la responsabilidad de los menores a capricho del Gobierno, especialmente si no se nos proporcionan los medios económicos necesarios para garantizar su bienestar", afirmó.

En este contexto, la portavoz del Gobierno andaluz argumentó la existencia de una falta de recursos y la mencionada invasión de competencias, lo que ha llevado al Ejecutivo a recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional. Esta acción se fundamenta en el artículo 86.1 de la Constitución y el artículo 61.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.