El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han acordado iniciar negociaciones para tratar de evitar un recurso del Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional (TC) por "discrepancias" existentes en torno a un artículo y la disposición transitoria segunda del Decreto-ley 14/2022, de 20 de diciembre, por el que se adoptan medidas de carácter extraordinario y urgente en materia de Renta Mínima de Inserción Social, bono social térmico y de simplificación de los procedimientos de expedición del título de familia numerosa y de atención a las personas con discapacidad en Andalucía.

Se trata de medidas relativas a la simplificación del procedimiento de expedición de títulos de familia numerosa incluidas en dicho decreto aprobado por el Gobierno andaluz del PP-A el pasado 20 de diciembre, y convalidado por la Diputación Permanente del Parlamento el 11 de enero de este año con los únicos votos a favor del Grupo Popular, mientras que PSOE-A y Vox se abstuvieron y el grupo 'Por Andalucía' votó en contra.

El Gobierno mantiene "discrepancias" en torno al artículo 3 y la disposición transitoria segunda de dicho decreto y, por ello, ha acordado con la Junta "iniciar negociaciones" para resolverlas, según se recoge en un acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el citado decreto-ley.

El artículo 3 del decreto incluye medidas de simplificación del procedimiento de expedición del título de familia numerosa y supone una modificación del Decreto 172/2020, de 13 de octubre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia numerosa y su categoría, la expedición, renovación, modificación o revocación del título y del carné de familia numerosa, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Gobierno andaluz argumenta que este decreto-ley permite acortar los tiempos de respuesta a la ciudadanía en la renovación de títulos de familia numerosa en vigor, y el propósito es agilizar los tiempos de espera de las familias para que no se produzcan cortes en el disfrute de los derechos y beneficios que otorga dicho título.

Además, mediante ese mismo mecanismo, la Consejería de Inclusión Social anunció que iba a dar por renovadas todas las solicitudes pendientes presentadas en los últimos meses y hasta el 31 de diciembre de 2022.

Así, la disposición transitoria segunda de dicho decreto, con la que el Gobierno también mantiene discrepancias, se centra en la aplicación retroactiva de la declaración responsable en la renovación de los títulos de familia numerosa.

La Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma deberá cumplir una serie de requisitos para evitar la interposición del recurso de inconstitucionalidad en un plazo de 9 meses dictaminado por el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979.