SEVILLA, 17 de julio.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Andalucía, Loles López, ha manifestado preocupaciones serias sobre la gestión del Gobierno español en relación con los menores migrantes, acusándolo de "reducir a los niños migrantes a un mero bien comercial". En su ausencia en la Conferencia Sectorial de Infancia que tuvo lugar en Madrid, la consejera dejó claro que no desea ser parte de un enfoque que considera perjudicial para esta población vulnerable.

López expresó su compromiso con la lealtad institucional y el diálogo, pero lamentó la falta de estas cualidades en las acciones del Ejecutivo central. Durante una rueda de prensa, mencionó que había comunicado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, su opinión sobre la ilegitimidad de la convocatoria de la conferencia, a lo que no recibió respuesta alguna.

En su intervención, la consejera subrayó que la imposición no es la solución a los problemas de gestión, señalando las inconsistencias en la distribución de menores. Criticó la medida que asigna casi 700 niños a Andalucía sin asignar ninguno a regiones como Cataluña o el País Vasco, lo que, según ella, parece un intento de mantener el poder político del presidente Pedro Sánchez.

Además, López advirtió sobre las graves implicaciones que esta sobrecarga puede tener para el sistema de acogida andaluz, que ya opera al 98% de su capacidad. Con el flujo constante de llegadas de menores a las costas andaluzas, enfatizó la urgencia de establecer una coordinación y planificación más eficiente.

La consejera propuso un modelo alternativo que priorice la acogida ordenada y financiada de los menores, destacando que el bienestar de estos niños debe ser la principal preocupación. Se opuso rotundamente a la propuesta del Gobierno de España, que, a su juicio, llevaría a condiciones inadecuadas para su atención y a la creación de grupos de niños en situaciones comprometedoras.

En un acto de defensa de la solidaridad andaluza, López señaló que la comunidad ha recibido 634 menores sin el apoyo ni la comunicación necesaria por parte del Gobierno central, a quienes ya están atendiendo a pesar de las dificultades. “Andalucía ha demostrado su voluntad de ayudar y queremos seguir desempeñando ese papel”, destacó.

La solución, según la consejera, radica en que el Gobierno controle efectivamente las competencias migratorias: “Apoyamos la migración, pero debe ser segura y organizada, no como se está manejando actualmente”.

Por último, enfatizó que un enfoque realista implicaría diálogo y coordinación entre las comunidades autónomas, así como una financiación justa y un reparto equitativo de las responsabilidades. “Cuando se ignoran las necesidades de regiones como Cataluña y el País Vasco, se pone en evidencia que no se está priorizando el interés de los menores”, concluyó con preocupación por la dirección que está tomando la política migratoria en el país.