Andalucía registra tres menores asesinados en 2024, mientras Igualdad califica el crimen de Linares (Jaén) como violencia vicaria.
JAÉN/MADRID, 29 de noviembre. El doloroso fenómeno de la violencia vicaria en España ha cobrado tristemente una nueva víctima, elevando a nueve el total de menores asesinados en este contexto durante el presente año. Esta escalofriante cifra se ve impactada por la reciente muerte de un niño de apenas dos años en la localidad de Linares, en la provincia de Jaén.
La lamentable noticia fue confirmada por el Ministerio de Igualdad, que reportó que el menor fue presuntamente asesinado por la pareja de su madre el pasado 28 de noviembre. A pesar de la seriedad del caso, no había denuncias previas por violencia de género en contra del posible autor, lo que plantea interrogantes sobre la protección de las víctimas.
Con este asesinato, se destaca que el año 2024 se sitúa a la par que 2015 en términos de tragedias familiares, convirtiéndose en uno de los años más oscuros en la historia reciente con un total de nueve menores fallecidos por violencia vicaria. Desde que se empezó a contabilizar estos horribles casos en 2013, han sido 62 los niños que han perdido la vida a causa de esta violencia, lo que nos invita a reflexionar sobre la urgencia de abordar este problema de forma efectiva y decidida.
El caso también conmueve por las implicaciones que tiene para la familia: el niño fallecido tenía un hermano mellizo que, en su segundo cumpleaños, se encuentra herido y ha sido trasladado al Hospital San Agustín en Linares. Aunque se ha confirmado que sus lesiones no comprometen su vida, la tragedia continúa afectando a su entorno familiar y social.
Los primeros informes alrededor del suceso indican que las autoridades fueron alertadas poco después de las 14:30 horas, cuando un aviso al 061 reportó la presencia de un menor que aparentemente había fallecido de manera violenta en un domicilio de Linares. Fue gracias a la rápida intervención de los vecinos que se pudo iniciar la reacción necesaria, pero al llegar el equipo de emergencias, ya había poco que hacer, ya que después de esfuerzos de reanimación durante tres cuartos de hora, se certificó el deceso del niño.
El pasado 17 de marzo también resonaron ecos de tragedia en otras regiones del país, cuando dos niñas de dos y cuatro años fueron asesinadas presuntamente por su padre, quien posteriormente se quitó la vida. Las circunstancias de este caso son igualmente desgarradoras, ya que se reveló que las menores murieron a causa de una intoxicación por pesticida en su hogar, un hallazgo que retumbó en el país y obligó a un profundo cuestionamiento de los mecanismos de protección de menores en situaciones similares.
La madre, que había sido separada del padre de las niñas, halló los cuerpos sin vida al regresar tras el fin de semana en que las menores habían estado con su padre. Este hombre, que ya enfrentaba acusaciones por malos tratos y amenazas, estaba sujeto a un régimen de visitas autorizado judicialmente, lo que plantea la necesidad de evaluar cuidadosamente los protocolos que rigen estas decisiones, especialmente en situaciones de riesgo potencial para los niños.
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