En Jaén, el funcionario de prisiones condenado por la Audiencia a cuatro años y medio de cárcel por la venta de permisos y favores a internos ha apelado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Además de la cárcel, se le impuso una multa de 3.240 euros y fue inhabilitado durante diez años y seis meses para cargos públicos, sumando también las costas del juicio.

La defensa alega vulneración de derechos fundamentales, incluida la presunción de inocencia, en el recurso presentado a Europa Press.

Los hechos probados detallan la irregularidad con la que el acusado facilitaba objetos prohibidos a los internos a cambio de dinero, sin que las autoridades penitenciarias tuvieran conocimiento.

En un veredicto por siete votos a favor y dos en contra, el jurado lo declaró culpable de cohecho, aunque el acusado insiste en su inocencia y argumenta motivos de venganza por parte de algunos presos y de la dirección de la prisión.

Las denuncias de los internos llevaron a la investigación de la Guardia Civil en 2021, que culminó en el juicio del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén.

Los testigos protegidos confirmaron los pagos realizados al funcionario por distintos servicios, desde permisos hasta introducción de objetos de contrabando en la cárcel.

El acusado, según testigos, se comportaba como el "jefe de la prisión", cobrando distintas tarifas por los servicios ilegales ofrecidos a los internos.

El director de la cárcel también declaró en el juicio, mencionando sus conocimientos previos de la situación, aunque destacando que ninguna denuncia formal fue presentada.

A pesar de la negación de animadversión del director hacia el acusado, se reveló un fuerte interés del funcionario en las decisiones de la Junta de Tratamiento de la prisión, quien usualmente refrendaba las propuestas de permisos sugeridas por el equipo técnico.

Desde la investigación policial se resaltó que el acusado adelantaba los permisos a ciertos presos para luego cobrarles por algo que ya estaba casi aprobado.