HUELVA, 30 de octubre. La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de dos individuos en Huelva, entre los que se incluye un empresario del sector agrícola local, bajo la sospecha de estar implicados en delitos de estafa, coacciones y fraude a la Seguridad Social, así como en violaciones de derechos laborales. Las investigaciones revelan que estos sujetos habrían ofrecido la venta de contratos laborales a ciudadanos extranjeros con la intención de regularizar su situación migratoria en España.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Policía, la investigación se puso en marcha tras la denuncia de un ciudadano anónimo, quien entregó documentación relevante de las víctimas. Muchos de estos afectados, debido a las amenazas y la presión psicológica ejercida por los detenidos, no se sentían seguros para presentar su propia denuncia, a menudo atrapados en una situación administrativa irregular.

La recopilación de la información inicial y el análisis posterior generaron indicios suficientes para justificar acciones más contundentes, lo que permitió avanzar en la investigación y emprender las diligencias necesarias.

Como resultado de dichas gestiones, se identificó a varias víctimas dispuestas a colaborar con el proceso judicial, algunas de las cuales señalaron haber desembolsado hasta 6.000 euros al empresario a cambio de obtener un contrato laboral. Además de estos pagos, se descubrió que el empresario también descontaba de sus salarios las contribuciones relacionadas con la seguridad social, lo que agrava aún más la situación de explotación laboral.

Las víctimas presentaron grabaciones de encuentros con el empresario, en las que este no ocultaba su intención de exigir sumas de dinero. Además, algunos de los testimonios reflejan enfrentamientos entre el empresario y sus empleados, evidenciando las desfavorables condiciones laborales a las que estaban sometidos. Estas pruebas se han considerado cruciales, ya que las amenazas que recibieron los vinculaban aún más a depender de la continuidad de su empleo para evitar consecuencias legales en su proceso de regularización.

La Policía ha señalado que la naturaleza de esta investigación es particularmente compleja, debido al temor que experimentan las víctimas, muchas de las cuales son nacionales de países no comunitarios. Existe una gran preocupación por el riesgo de que se paralicen sus expedientes de regularización o se inicien procedimientos de expulsión a causa de su situación irregular.

Esta operación se realiza en el marco de la estrategia de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos. Para fomentar la colaboración ciudadana en la lucha contra este tipo de delitos, se ha habilitado una línea telefónica, el 900 10 50 90, y un correo electrónico, [email protected], donde los ciudadanos pueden informar de manera anónima y confidencial. Es importante destacar que las llamadas no quedan registradas en las facturas telefónicas.