GRANADA, 13 de diciembre.

La Audiencia Nacional ha decidido cerrar el caso contra un policía local de Granada que fue arrestado por presuntas conexiones con materiales yihadistas en La Zubia, en el área metropolitana de la ciudad, a finales de marzo de 2024. Esta decisión se produce en un contexto de creciente preocupación en torno al extremismo y la seguridad pública.

Según el auto de archivo emitido por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, se ha declarado el sobreseimiento provisional de las diligencias investigativas. Este se basa en la falta de “nuevos elementos de información o prueba” que podrían justificar la reapertura del caso por la supuesta implicación del agente en un delito de auto-adoctrinamiento de carácter terrorista.

El auto, fechado el 10 de diciembre de 2024 y firmado por el juez Santiago Pedraz, quien se encuentra en funciones de sustitución, revela que el Ministerio Fiscal solicitó el archivo del caso debido a la falta de pruebas que sustentaran la acusación. La defensa del agente ha estado a cargo del abogado Félix Fernández, quien ha argumentado la inocencia de su cliente.

El documento detalla que, después de que se realizara un análisis de los dispositivos electrónicos confiscados, la Guardia Civil elaboró un informe donde se establece que el agente utilizaba las redes sociales, pero “no se encontraron evidencias de su participación” en actividades delictivas ni en la difusión o consumo de contenido radical. Esta conclusión apunta a la falta de fundamentos en las acusaciones iniciales.

Asimismo, se indica que no se hallaron “evidencias de vídeos de contenido radical o extremista” en los dispositivos del detenido ni en su historial de navegación por Internet, lo que refuerza la decisión de la Audiencia Nacional al considerar que no existen pruebas contundentes que respalden las acusaciones formuladas en su contra.

El agente, que ha estado de baja médica por motivos psicológicos desde que comenzó esta investigación, se encontraba en libertad provisional desde el 30 de marzo. Con la resolución de la Audiencia Nacional, se levantaron todas las medidas cautelares que pesaban sobre él, incluyendo la obligación de comparecer ante el juzgado cada 15 días y la prohibición de salir del país.

El policía fue detenido por la Guardia Civil y, como parte del proceso, la Audiencia Nacional le retiró su pasaporte y el permiso para portar armas. Durante la vista celebrada por videoconferencia el mismo 30 de marzo, el agente negó enérgicamente cualquier vinculación con los motivos que llevaron a su detención, un incidente que ha suscitado un amplio debate sobre los límites de las investigaciones en materia de seguridad y los derechos de los individuos.