En un notable esfuerzo por proteger los recursos hídricos y el medio ambiente, las autoridades han logrado desmantelar una red de delitos relacionados con la usurpación de aguas públicas en Málaga, esclareciendo un total de 20 infracciones y presentando 187 denuncias.

El operativo, llevado a cabo por la Guardia Civil, ha puesto bajo investigación a 36 individuos y dos entidades. El foco ha estado en la explotación ilícita de recursos acuáticos, unas prácticas que amenazan no solo la legalidad, sino también la salud del entorno natural de la provincia.

A lo largo de casi un año, se han realizado 110 inspecciones minuciosas en diversas instalaciones vinculadas a la extracción y manejo de aguas, abarcando pozos, sondeos y balsas de acumulación. Este trabajo ha permitido a la Guardia Civil evidenciar el uso indebido de recursos hídricos, condenando prácticas que comprometen gravemente la sostenibilidad ambiental.

Uno de los casos más destacados involucra a una empresa de venta de materiales de construcción, que supuestamente ha estado extrayendo agua de pozos de forma ilegal durante al menos cinco años. Esta operación habría permitido a la empresa vender y distribuir agua a viviendas, piscinas y usos industriales, generando unos beneficios estimados en más de 240.000 euros. La cantidad de agua extraída se calcula en 12 millones de litros, un claro atentado contra el dominio público hidráulico.

Además de las irregularidades en la extracción, se han documentado 187 infracciones relacionadas con el uso indebido del agua, que incluyen actividades como la falta de autorización para captaciones, el exceso en las cantidades extraídas, y la ausencia de contadores que midan el consumo. También se ha observado la realización de obras ilegales, como la apertura de pozos y balsas sin los permisos pertinentes, así como la transformación ilícita de suelos agrícolas.

El contexto de sequía persistente en la región ha añadido un nivel de gravedad a estas infracciones, ya que muchas localidades enfrentan severas restricciones de agua. Esta situación destaca la urgencia de abordar las violaciones en la legislación hídrica con eficacia.

La investigación, dirigida por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, ha contado con la colaboración de la Fiscalía de Medio Ambiente, así como con la Junta de Andalucía y agentes de Medio Ambiente. Un esfuerzo conjunto que subraya la necesidad de mantener nuestros recursos hídricos en un estado óptimo para el bienestar social y ambiental.