24h Andalucía.

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Comandante de la Guardia Civil condenado a siete años de prisión por colaborar con el narcotráfico en Granada, según el TS.

Comandante de la Guardia Civil condenado a siete años de prisión por colaborar con el narcotráfico en Granada, según el TS.

En una decisión que ha generado polémica, el Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la condena de siete años de prisión al comandante jefe de la Policía Judicial y de Información en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada. Este oficial fue encontrado culpable de colaborar y recibir dinero para facilitar la introducción de droga en España desde Marruecos a través de las playas de la costa granadina.

Los magistrados han rechazado el recurso presentado por el comandante jefe, confirmando la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Granada. Esta condena incluye no solo la pena de prisión, sino también una multa de 6,1 millones de euros.

Según la sentencia, se demostró que el condenado había llegado a un acuerdo con dos personas para llevar a cabo la entrada de importantes cantidades de hachís en España a través de la costa. Estas operaciones no resultaron en detenciones y se consideraron como un favorecimiento al tráfico de drogas.

El comandante jefe simuló colaboración en la introducción de droga en el mercado ilícito ante sus subordinados, explicando el plan en reuniones realizadas en la comandancia de Granada y en el Cuartel de la Guardia Civil de Motril. Este plan incluía fases de entrega controlada y almacenamiento de droga vigilado exclusivamente por él.

Para el Tribunal Supremo, estas acciones no pueden considerarse como actos aislados, sino como parte de un plan preconcebido para cometer delitos. El comandante estaba claramente implicado en actos ilícitos a cambio de beneficios económicos, por lo que la condena se mantiene.

Este caso había sido objeto de controversia en 2021, cuando el Supremo revocó una absolución previa argumentando la falta de lógica en la sentencia inicial. Ahora, con la confirmación de la sentencia condenatoria, se cierra un capítulo en el que las autoridades judiciales han demostrado su compromiso con la lucha contra el tráfico de drogas y la corrupción en las fuerzas de seguridad.