Comienza el juicio de las ayudas de los ERE a la empresa Elaborados Cárnicos Andaluces el próximo lunes.

Comienza el juicio de las ayudas de los ERE a la empresa Elaborados Cárnicos Andaluces el próximo lunes.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para este lunes el comienzo de un nuevo juicio, correspondiente a una pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias y sin publicidad financiadas por la Junta de Andalucía durante la era de los gobiernos socialistas, a cuenta de presuntos delitos de prevaricación y malversación en las subvenciones concedidas a la empresa Elaborados Cárnicos Andaluces.

En noviembre de 2019, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, acordaba continuar como procedimientos abreviado las diligencias previas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental contra el dueño de las empresas Martínez Barragán S.A. y Elaborados Cárnicos Andaluces, relativa a las ayudas por valor de dos millones de euros que habrían recibido estas empresas "de manera arbitraria y fraudulenta" por parte de la Dirección General de Trabajo a través de la agencia IDEA y con cargo a la partida presupuestaria 31L, usada para la financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas.

En aquel auto de 2019, el juez Vilaplana acordó excluir de tal pieza al exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández; al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y al exdirector general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, al haber sido todos ellos ya condenados por prevaricación y malversación precisamente por la sección Primera de la Audiencia de Sevilla, en el "procedimiento específico" o mecanismo de financiación de los ERE fraudulentos.

Actualmente, tanto Antonio Fernández como Miguel Ángel Serrano cumplen sus respectivas penas de cárcel de siete años y once meses y seis años y medio por dicha condena de la Sección Primera por malversación en el procedimiento de financiación de los ERE, mientras Francisco Javier Guerrero falleció en octubre de 2020 víctima de una neumonía.

Según aquel auto del juez Vilaplana de 2019, "no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos contra estas personas", pues "ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos en la causa de procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas".

El juez seguía así, una vez más, "el criterio a tal efecto establecido" por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, entre otros, en autos de 19 y 25 de marzo de 2019, los cuales "confirman expresamente la exclusión" en esta causa de los exaltos cargos de la Junta aludidos.

Pesa eso sí, no lo olvidemos, la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que condena al exconsejero Antonio Fernández a siete años de cárcel por malversación en las subvenciones autonómicas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), otra pieza separada de la macro causa de los ERE.

Aunque en el juicio correspondiente a Acyco Fernández esgrimió el principio 'non bis in idem', que impide sancionar penalmente un mismo sujeto respecto a un mismo hecho o comportamiento ya juzgado, la Sección Tercera de la Audiencia consideró que "los hechos de la presente causa y los que fueron objeto del denominado procedimiento específico no son los mismos, son diferentes".

"No existe una coincidencia temporal de los hechos a que se refiere el procedimiento específico", mientras que "tampoco existe coincidencia entre la identidad de los encausados en una y otra causa ni a lo reclamado en concepto de responsabilidad civil", señalaba la Sección Tercera.

Tras recurrir Antonio Fernández dicha condena ante el Tribunal Supremo, la Fiscalía se pronunció en abril de 2023 considerando que en este caso "concurre la excepción de cosa juzgada" y su condena "incurre en el proscrito non bis in idem", con lo que el Ministerio Público apuesta por "casar la sentencia" y absolverle de la causa.

Además, Antonio Fernández está pendiente de recibir la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia por el juicio sobre los 2,3 millones de euros de los ERE concedidos a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica, causa en la que también figura como acusado.

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