Con un enfoque en la financiación autonómica, las comunidades autónomas dirigidas por el Partido Popular (PP) se preparan para presentar un documento conjunto en la Conferencia de Presidentes prevista para este viernes. Este texto incluye propuestas que abarcan temas cruciales como la actividad de las centrales nucleares, la inmigración, el control de fronteras y la educación infantil para niños de 0 a 3 años.

Según fuentes consultadas por Europa Press, el documento detalla una serie de recomendaciones que buscan incentivar diálogos y acuerdos entre las distintas administraciones, presionando al Gobierno central a tomar medidas en relación con estos asuntos. Entre sus inquietudes más destacadas, se encuentra la crítica a la financiación específica destinada a Cataluña y se manifiestan en contra de cualquier condonación de la deuda.

En el ámbito de la financiación, las comunidades del PP hacen hincapié en la necesidad de respetar la "autonomía tributaria" y exigen una revisión de las entregas a cuenta, además de pedir que se preserve el mecanismo conocido como 'Extra-Fla'.

Respecto a la vivienda, los representantes del PP demandan la anulación de la ley sobre vivienda impulsada por el Gobierno de Sánchez. En su lugar, proponen facilitar el acceso a suelo público, disminuir la carga fiscal relacionada con la vivienda y derogar el controvertido decreto sobre desalojos.

En términos de política energética, el PP sostiene que es vital aumentar la seguridad y la inversión en las redes de Red Eléctrica Española, así como en energías de respaldo para prevenir futuros apagones. Además, recalcan la importancia de extender la vida útil de las centrales nucleares existentes.

Las propuestas también incluyen la necesidad de realizar inversiones significativas en infraestructuras eléctricas, alentar el desarrollo de estrategias de almacenamiento y fortalecer las interconexiones eléctricas con otros países, promoviendo al mismo tiempo un mayor uso de energías renovables.

En el ámbito de la inmigración y el control de fronteras, el PP recalca que el manejo de estas cuestiones es una "competencia exclusiva del Estado". Abogan por una mayor colaboración en el control de fronteras y solicitan que se fortalezcan los mecanismos europeos, con especial interés en la participación de FRONTEX en zonas costeras cuya seguridad es crítica.

Asimismo, exigen una estrategia estatal integral que no solo refuerce los recursos disponibles, sino que también garantice una adecuada coordinación con las comunidades autónomas, así como un aumento de la financiación europea en este ámbito.

En lo que respecta al sistema ferroviario, el PP sugiere diferentes acuerdos para abordar la crisis actual en el sector, incluyendo un plan de inversiones urgente y aumentar la cooperación con las comunidades para mejorar la gestión de RENFE y el transporte público.

A pesar de sus propuestas constructivas, los miembros del PP manifiestan su oposición al nuevo mapa concesional que ha presentado el Ministerio de Transportes, demandando una mayor coordinación y financiación en este sector. También insisten en la convocatoria de la conferencia sectorial de Transportes.

En temas de sanidad y atención a la dependencia, subrayan la necesidad de incrementar la cantidad de profesionales de la salud y asegurar que no haya vacantes en la elección MIR. Además, piden una financiación que respete el 50% del coste efectivo del Sistema para la Autonomía, así como la implementación de planes para facilitar la formación en Urgencias y Emergencias.

En el capítulo de justicia, el PP exige la celebración de la Conferencia sectorial y demanda la retirada de propuestas legislativas que están en proceso de modificación, asegurando que estas reformas no debiliten las carreras judicial y fiscal.

Finalmente, los líderes del PP hacen un llamado al Gobierno central para que se comprometa a financiar el 50% del coste efectivo de la educación infantil para los niños de 0 a 3 años, buscando así garantizar la accesibilidad y calidad en este nivel educativo tan fundamental.