Granada, 19 de mayo.

En un giro significativo en el caso del joven Juan Castro, asesinado durante las fiestas de Íllora en agosto de 2022, el responsable del crimen ha acordado una pena de ocho años de prisión por homicidio doloso, además de un destierro de quince años del municipio. Esta condena incluye la prohibición de acercarse o comunicarse con los familiares de la víctima, lo que añade una dimensión de justicia a la dolorosa situación de la familia Castro.

El pacto entre las partes ha permitido evitar el juicio que debía comenzar este lunes en la Audiencia de Granada, evitando así un proceso que habría revivido el sufrimiento de los involucrados. En un momento de reflexión, el acusado se dirigió a la familia de Juan para expresar su pesar, asegurando que jamás deseó que ocurriera un desenlace tan trágico y afirmando que el recuerdo del joven le acompaña cada día.

Desde su detención, el autor del crimen se encontraba en prisión provisional y ha admitido su culpabilidad, reconociendo la ferocidad de la agresión a pesar de las circunstancias atenuantes que se presentaron, como el estado de embriaguez y el uso de drogas. Además, ha sido condenado a compensar económicamente a la pareja de Juan, quien valientemente intentó intervenir durante la agresión.

Los eventos que llevaron a esta tragedia se produjeron la madrugada del 15 de agosto de 2022, durante las festividades locales, cuando estalló una pelea en la caseta municipal. Juan y su novia optaron por abandonar el lugar, pero el agresor, en ese momento de 23 años, se les acercó en un acto de agresividad frustrante.

Según el informe de la Fiscalía, el acusado trató de intimidar a Juan al agarrarlo de la camisa y golpearlo repetidamente en su rostro, mientras profería amenazas. Ante el ataque, su novia intentó interceder, solo para ser golpeada ella misma, lo que escaló la violencia del suceso y llevó a que el joven sufriera una agresión fatal.

El trágico desenlace de la confrontación dejó a Juan sin vida, como resultado de las brutales agresiones, lo que también ha llevado al tribunal a dictar una indemnización a la familia de 120.000 euros por el daño moral y 75.000 euros al hermano de la víctima.

Al finalizar el acuerdo en los juzgados, ambas partes coincidieron en que esta decisión busca no solo cerrar un capítulo doloroso, sino también restaurar la paz en una comunidad que ha vivido en tensión tras el crimen, ayudando a calmar los ánimos en Íllora, donde el suceso generó desórdenes y daños a propiedades vinculadas a la familia del acusado.