SEVILLA, 11 de septiembre. En una reciente sesión del Pleno del Parlamento, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, defendió las múltiples rotaciones de liderazgo en su departamento y en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), afirmando que la intención es contar con "los mejores profesionales". Aclaró que su responsabilidad empieza desde su llegada a la Consejería y que cada cambio tiene una razón estratégica detrás.

Ante cuestionamientos de Vox sobre la repetida sustitución de altos cargos, incluyendo la salida de su predecesora, Catalina García, Hernández instó a examinar los currículums de los nuevos directivos, destacando su "experiencia en la gestión" y subrayando la necesidad de un "liderazgo fuerte" para enfrentar los importantes desafíos que enfrenta el sistema de salud.

La consejera respondió a críticas sobre la designación de algunos líderes con conexiones a la gestión socialista, recalcando que “no se les pregunta a quién votan”. En su defensa, subrayó que el mérito profesional, y no la afiliación política, debería determinar el liderazgo en el ámbito sanitario, afirmando que la capacidad para dirigir se adquiere y se desarrolla a lo largo del tiempo.

Hernández también hizo énfasis en lo arduo que implica desempeñar roles directivos en la sanidad pública, caracterizándolos como exigentes y que requieren de sacrificios personales. Subrayó que dado el alto número de usuarios que atiende el sistema, estos cargos suelen ser de corta duración debido al desgaste acumulado.

Frente a la inquietud manifestada por el Grupo Socialista respecto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha recogido 60.000 firmas en defensa de la sanidad pública, Hernández le respondió haciendo hincapié en que la situación del sistema andaluz ha mejorado en los últimos seis años, apoyándose en datos como el incremento de 30.000 profesionales con mejores condiciones laborales y más estabilidad.

“Continuaremos trabajando”, aseguró Rocío Hernández, quien también se refirió a una supuesta herencia negativa recibida de administraciones socialistas anteriores. Manifestó que actualmente dirige "uno de los mejores sistemas de salud pública" en el país, a pesar de los retos que enfrenta.

Por su parte, la diputada socialista María Ángeles Prieto citó las 60.000 firmas de la ILP como un clamor popular contra lo que ella describe como el desmantelamiento y la privatización del sistema de salud andaluz. Cuestionó la credibilidad de los argumentos de la consejera, sugiriendo que los firmantes no sabían a lo que estaban apoyando y acusándola de ignorar el deterioro real que afecta a los pacientes. “No pueden seguir negando el caos”, enfatizó.

Prieto destacó que cada firma detrás de la ILP representa una súplica por la salvaguarda de la sanidad pública, estableciendo una clara disyuntiva: "La ciudadanía debe decidir entre salvar a Juanma Moreno o salvar a la sanidad pública. Andalucía se compromete a defender su sistema de salud", concluyó.