La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía ha acusado al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, de poner a los funcionarios "en el ojo del huracán" al atribuirles los problemas que afectan al funcionamiento de los servicios públicos y al trasladar a la ciudadanía un mensaje que cuestiona el trabajo de los mismos, "para evitar responsabilizarse de la falta de medios y de personal que afecta a los distintos servicios de la Administración, como por ejemplo la Sanidad o la Educación, entre otros".
Según la vicepresidenta de CSIF Andalucía, Yolanda Salgado, el consejero del ramo ha realizado declaraciones "engañosas" sobre la evaluación del desempeño de los empleados públicos, sugiriendo que aquellos que trabajan menos o no cumplen deben ser sancionados, mientras que aquellos que trabajan más y mejor deben ser premiados.
Para CSIF, el consejero debería centrarse en ofrecer los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para que los funcionarios puedan hacer su trabajo adecuadamente. Ejemplifican la "caótica gestión" de la Bolsa Única Común para contrataciones temporales, que está causando falta de cobertura en servicios esenciales como la limpieza de institutos y residencias de mayores.
El sindicato defiende que la evaluación del desempeño debe ser incentivadora y no puede implicar pérdida retributiva ni menoscabo en el tramo de carrera profesional consolidado. También exigen que se cumplan los principios básicos del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep) en el desarrollo reglamentario de la Ley de Función Pública recientemente aprobada.
CSIF Andalucía ha valorado negativamente el anteproyecto de Presupuestos de la Junta para 2024. Critican la falta de consignación para la devolución de las pagas extra de 2013 y 2014 de los empleados públicos, así como la ausencia de ayudas de Acción Social. Además, rechazan la externalización de los servicios públicos y critican el proceso de negociación del presupuesto, señalando la falta de tiempo para su análisis y la ausencia de datos concretos en el documento presentado.
El sindicato también cuestiona la inclusión en el presupuesto de partidas para la conversión de contratos de monitores escolares a 35 horas, la creación de plazas de Personal Técnico de Integración Social (PTIS), el incremento salarial docente pactado y la implementación económica del Pacto por la Atención Primaria en 2024, entre otras cuestiones.