En la prisión de Brieva, ubicada en Ávila, se ha implementado un régimen de aislamiento para Ana Julia Quezada, la mujer condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en Almería en febrero de 2018. Esta medida fue tomada por las autoridades penitenciarias con el objetivo de salvaguardar su "protección" ante la gran atención mediática generada por la solicitud pública de la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, para evitar la realización de un documental o serie sobre el caso.

El abogado de Quezada, Esteban Hernández-Thiel, ha afirmado a Europa Press que el aislamiento no está relacionado con posibles contactos de la interna con una productora para grabar entrevistas con respecto a un producto audiovisual. Además, se ha decidido no impugnar la medida de aislamiento dentro del centro penitenciario ya que, en el registro de su celda, no se encontró ningún teléfono móvil en posesión de Quezada, desmintiendo así las sospechas de la madre de Gabriel Cruz.

Hernández-Thiel ha explicado que Quezada ya había sido sometida a aislamiento en el pasado debido a amenazas recibidas y la propia interna había solicitado estar en aislamiento. El abogado ha aclarado que el hecho de que Quezada quiera dar entrevistas es en parte por su interés en expresarse y se han presentado recursos legales para poder llevar a cabo estas entrevistas.

Por otro lado, Hernández-Thiel ha negado actuar como "productor" o "promotor" de algún proyecto audiovisual, a pesar de las acusaciones de Patricia Ramírez. El abogado ha enfatizado que su labor se centra en defender los derechos constitucionales de todas las personas, incluyendo a aquellos que han cometido delitos y que siguen teniendo derechos que deben ser respetados.

El letrado ha destacado que aún no ha recibido ninguna de las querellas anunciadas por Patricia Ramírez y ha expresado su comprensión hacia el dolor de la madre de Gabriel, aunque considera que ha habido confusiones en sus afirmaciones. Hernández-Thiel ha subrayado que no ha promovido ni participado en proyectos relacionados con producciones televisivas y que su labor se enfoca en la defensa de los derechos legales de todas las personas, independientemente de sus antecedentes penales.