La operación "Chaak" ha sido llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) en colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, contra el presunto uso fraudulento del agua en el riego de cultivos subtropicales en la zona de la Axarquía malagueña. La investigación, que ha durado cuatro años, ha investigado 299 aprovechamientos hídricos, todos ellos situados en una zona con graves problemas de escasez de agua.
Según la información obtenida por el Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía, más de 250 de estos aprovechamientos son ilegales. El volumen de agua derivada ilegalmente ascendería a 25.951.198 metros cúbicos aproximadamente, y la extensión total de la superficie objeto de riego ilegal alcanza las 240,242 hectáreas. Se estima que estos hechos han causado unos daños al dominio público hidráulico que se sitúan en torno a los diez millones de euros.
La investigación se inició en 2017, a raíz de una denuncia ante el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga. Posteriormente se recibieron otras denuncias, incluyendo una realizada por varios agricultores de la zona que denunciaron a la Junta de Gobierno de varias Comunidades de Regantes por el mal uso del agua.
Los investigadores inspeccionaron un total de 3.453.008 metros cuadrados de cultivo de subtropicales, donde se pudo comprobar cómo se realizaba la extracción continuada, durante varios años, de aguas subterráneas públicas a través de pozos, sondeos, balsas, etcétera. Al menos 250 de estos aprovechamientos lo hacían de forma ilegal.
La Junta de Andalucía informó que estas detracciones ilegales de agua se habían producido encontrándose la masa de agua sobreexplotada, incluso estando la zona declarada desde junio de 2021 en situación de sequía prolongada y de situación de excepcional sequía, y como consecuencia de ello se había establecido un periodo de restricciones de agua regulada.
En total, se han detenido a 26 personas por supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de usurpación de aguas públicas, mientras que más de un centenar de personas están siendo investigadas y 39 se encuentran implicadas como partícipes a título lucrativo. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Vélez-Málaga.
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