En un sorprendente giro de los acontecimientos, la Policía Nacional ha desvelado la trama detrás del robo de 17 millones de euros en criptomonedas que estaban bajo custodia judicial. Este intercambio ilegal se llevó a cabo en diciembre del año pasado y fue orquestado por un funcionario judicial que planeó su golpe durante tres meses.

La investigación ha revelado que esta significativa suma, la mayor incautación de criptomonedas en el país, formaba parte de un operativo más amplio contra el blanqueo de capitales vinculado a redes de narcotráfico en el sur de España. Las criptomonedas habían sido aseguradas como parte de una exhaustiva indagación internacional.

El individuo detenido, que trabajaba en la administración pública y estaba cubriendo una baja, esperó con paciencia hasta que los fondos fueran transferidos a la Organización de Gestión y Recuperación de Archivos (ORGA) antes de llevar a cabo su plan. Para entonces, el valor estimado de las criptomonedas represenaba alrededor de 17 millones de dólares.

Durante la investigación, la Policía Nacional descubrió que el sospechoso había retrasado intencionadamente la entrega de un sobre crítico que contenía las claves de acceso a la cuenta de fondos consignados. Este funcionario, que se autodenominaba "criptoinversor", había adquirido una billetera digital con la intención de salvaguardar las claves privadas que estaban en el sobre.

La situación se intensificó cuando los agentes llevaron a cabo registros en tres ubicaciones diferentes donde podrían esconderse las claves de la billetera. En una de ellas, encontraron un papel escondido de manera ingeniosa bajo el marco de una puerta, que resultó ser el acceso que estaban buscando.

El detenido había diseñado su plan meticulosamente, esperando que la confusión sobre su posible colaboración con otros delincuentes dificultara la labor investigativa. Esto, en teoría, aumentaría el número de sospechosos y podría desviar la atención de su propia implicación en el robo, complicando el trabajo de las autoridades.