CÁDIZ, 17 de diciembre. La lucha contra el narcotráfico en España ha tomado un nuevo impulso gracias a una impactante operación en Cádiz, donde la Agencia Tributaria, en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil, ha llevado a cabo una intervención bajo el nombre de 'Navegante'. Este operativo ha resultado en la detención de 15 individuos que, presuntamente, formaban parte de una organización criminal dedicada a la logística del narcotráfico. Dicha organización operaba como una especie de "guardería" que gestionaba el almacenamiento de combustible, embarcaciones de alta velocidad y otros recursos imprescindibles para facilitar el tráfico de drogas, y estaba encabezada por un conocido clan familiar asentado en Chiclana de la Frontera.

En un comunicado conjunto, se reveló que se realizaron siete registros domiciliarios en diversas localidades gaditanas, incluyendo Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María y Puerto Real. Durante estas operaciones, se interceptaron importantes cantidades de material, como una embarcación neumática de cuatro metros con motor, tres embarcaciones neumáticas desinfladas, así como cuatro motores para neumáticas y tres colas de motor. Además, se incautaron cuatro vehículos y dos motocicletas, lo que pone de manifiesto la envergadura de esta red criminal.

La intervención no se limitó a embarcaciones y vehículos; también se lograron confiscaciones significativas de efectivo y armas. En total, se requisaron 21.580 euros en metálico, cinco armas de fuego, una granada de humo militar, machetes, equipos de GPS, teléfonos móviles y dos teléfonos satelitales, así como substancias ilegales, incluyendo siete kilos de marihuana y 18 pastillas de hachís. También se encontraron 2.475 litros de gasolina almacenados en petacas, un recurso esencial para las operaciones de tráfico de drogas.

La operación tuvo su origen cuando las autoridades comenzaron a investigar la existencia de esta organización criminal, que presuntamente se especializaba en el suministro de combustible, víveres y apoyo logístico para los cambios de tripulación de embarcaciones semirrígidas de alta velocidad. Estas embarcaciones, frecuentemente utilizadas para el tráfico de drogas y la inmigración irregular, recibían asistencia para facilitar la ejecución de alijos de sustancia ilícita.

Los análisis realizados durante la investigación indicaron que la organización exhibía una estructura organizada y jerárquica. Dos hermanos, reconocidos líderes del clan, eran quienes controlaban y financiaban las operaciones, incluyendo la adquisición de combustible, vehículos y embarcaciones, así como la gestión de los centros logísticos conocidos como "guarderías". Estos centros almacenaban los recursos necesarios, y los líderes también se encargaban de las tareas de seguridad durante el transporte de las petacas de gasolina y la adquisición de víveres para los pilotos de las narcolanchas.

En la segunda línea de mando se encontraba un lugarteniente, la mano derecha de los cabecillas, quien se ocupaba de mantener los contactos con otros miembros de la organización que ocupaban posiciones menos prominentes en la jerarquía. Es importante resaltar que los integrantes de este grupo ya contaban con antecedentes delictivos relacionados con el narcotráfico, lo que evidencia la continuidad y la impunidad con la que habían operado.

La organización se caracterizaba por llevar a cabo acciones de forma concertada y coordinada, brindando apoyo logístico a otras embarcaciones que ya se encontraban en alta mar. Esto incluía el reabastecimiento de combustible, víveres y cambios de tripulación, e incluso el intercambio de gasolina por fardos de hachís, lo que revela una profunda integración en la cadena de suministro del narcotráfico.

La presión ejercida por las fuerzas de seguridad ha obligado a los miembros de esta organización a modificar constantemente las ubicaciones designadas para los avituallamientos y a crear nuevas "guarderías" de combustible en diversos puntos de la provincia. Este movimiento busca evadir la vigilancia y las acciones policiales, pero también plantea serios riesgos para la comunidad.

Los recursos peligrosos asociados a estas actividades han sido hallados en lugares insólitos, como habitaciones de viviendas contiguas a dormitorios infantiles donde las familias llevaban a cabo sus vidas diarias, así como en sótanos de edificios densamente poblados. El transporte de estos productos inflamables no solo es ilegal, sino que también representa un grave peligro para la seguridad pública, elevando los riesgos de incendios y explosiones que podrían tener consecuencias devastadoras para la comunidad en su conjunto.