Sevilla, 28 de abril. La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación decisiva en la provincia de Sevilla, desmantelando una red delictiva que operaba presuntamente en la trata de personas y en la explotación laboral de jornaleros en el sector agrícola. Como resultado de esta acción, se han liberado a dos víctimas y se han arrestado a un total de once individuos, incluyendo a dos de los líderes de la organización, uno de los cuales ha sido encarcelado de forma provisional.

Las víctimas, originarias de Rumanía, cayeron en las garras de un clan familiar que les ofrecía falsamente empleo en distintas fincas agrícolas en España. Al llegar, se encontraron trabajando en condiciones inhumanas, forzadas a cumplir jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, sin descanso, a cambio de un miserable salario de 70 euros por semana, según detalla la Policía en su comunicado oficial.

Dicha red mantenía a los jornaleros en condiciones de hacinamiento extremo en un inmueble en deplorable estado, donde algunos de ellos vivían junto a sus hijos menores, en medio de una atmósfera de suciedad, durmiendo sobre colchones en el suelo. Además, uno de los arrestados posee antecedentes por abuso y agresión sexual a menores en Rumanía.

La investigación comenzó en enero de este año, cuando autoridades rumanas notificaron a la Policía Nacional sobre un ciudadano rumano que estaba siendo retenido en contra de su voluntad en un municipio sevillano. Esto desencadenó una exhaustiva investigación que llevó a los agentes a localizar a la víctima en una vivienda de Villanueva del Río y Minas, donde también encontraban más trabajadores de su misma nacionalidad.

A medida que las indagaciones avanzaban, se identificó a un grupo familiar radicado en Sevilla, dedicado a la explotación laboral de compatriotas en diversas fincas agrícolas. Esta organización atrapaba a sus víctimas en Rumanía con propuestas de empleo atractivas que, al llegar a España, se convertían en un calvario, ya que se quedaban con una parte significativa de su salario para cubrir supuestos gastos de alojamiento y la deuda que estas personas habían contraído.

Las víctimas eran objeto de constantes amenazas; les retiraban la documentación y estaban bajo una vigilancia extrema, impidiéndoles salir de la vivienda sin supervisión. Investigadores encontraron que uno de los trabajadores estaba privado de libertad y solo tenía autorización para salir para ir a su lugar de trabajo.

Durante el registro de la propiedad se han incautado 1.800 euros en efectivo y una gran cantidad de documentos que serán clave para avanzar en la investigación de esta alarmante situación de explotación y abuso.