La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto una suma significativa de 4.750 euros en efectivo durante un registro efectuado en el hogar de Javier Herrero, quien fue director general de Carreteras. Esta acción se enmarca dentro de la investigación del 'caso Koldo', que ha suscitado amplias repercusiones en el ámbito político y administrativo de España.

El juez a cargo del caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, destacó en su reciente auto la importancia del proyecto de construcción de los tirantes del Puente del Centenario en Sevilla. Este fue uno de los puntos focales que suscitó el interés del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y de Koldo García, quienes presuntamente ejercieron presión para acelerar el trámite de adjudicación correspondiente, que finalmente fue otorgado a la empresa Acciona por un importe de 71,4 millones de euros.

Durante el registro del 26 de junio, los agentes de la UCO encontraron varios billetes, incluyendo 27 de 50 euros y 4 de 100 euros, que posteriormente fueron depositados en el Juzgado Central de Instrucción Número 2. Además, se incautaron equipos electrónicos, como dos teléfonos móviles, un ordenador portátil, una tablet y dispositivos USB, así como documentos relevantes que podrían aportar información crítica para la investigación.

Entre la documentación hallada se encontró una cuenta de correo electrónico perteneciente a Herrero, que estaría relacionada con Aquaterra, una de las empresas presuntamente vinculadas a las adjudicaciones irregulares. El juez Moreno ha señalado indicios de delitos como pertenencia a una organización criminal y tráfico de influencias, señalando que Herrero podría haber facilitado contratos de obra pública de manera irregular bajo la influencia de Koldo García.

Mediante su resolución, el juez insinuó que el entonces asesor del ministerio, Koldo García, había incentivado a Herrero a favorecer a ciertas constructoras, como Acciona y otras, en la obtención de contratos. A cambio, se habrían ofrecido beneficios económicos tanto al asesor como al entonces ministro, José Luis Ábalos.

Se han presentado comunicaciones relevantes, como una conversación de WhatsApp entre Herrero y García, que hace alusión a adjudicaciones significativas, lo que provocó que las autoridades ampliaran su investigación hacia otros casos de corrupción en el ámbito de la construcción pública.

Además, se mencionan varios proyectos en los que Herrero supuestamente intervino para respaldar a distintas empresas constructoras mediante la aprobación de modificaciones en contratos ya adjudicados, así como la creación de nuevas contrataciones. En total, esto revela un patrón de discrecionalidad que sugiere una fuerte participación de Herrero en los delitos investigados.

El contexto de estos acontecimientos se ha visto exacerbado por las turbulencias políticas recientes, con la ola de denuncias de corrupción que han salpicado a altos funcionarios del gobierno. La investigación sigue su curso, y las acciones llevadas a cabo por la UCO y la Audiencia Nacional apuntan a desentrañar una red más amplia de decisiones corruptas en la administración pública.