SEVILLA, 6 de junio. El sindicato Docentes por la Pública (DxP) ha alzado la voz ante lo que considera un daño significativo para estudiantes y docentes en Andalucía, tras la reciente celebración de un examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2025.

En un breve lapso, alrededor de 12.600 personas han respaldado una solicitud para impugnar la prueba, lo que evidencia el amplio rechazo que existe entre estudiantes, familias y educadores en todas las provincias de Andalucía, según informan las fuentes del sindicato en un comunicado.

La atmósfera en los centros educativos tras el examen ha sido tensa, marcada por la angustia y la frustración. Desde DxP resaltan que los alumnos, que han dedicado dos años de esfuerzo y han mantenido un rendimiento académico destacado, se encontraron con un examen que no correspondía a los contenidos impartidos ni a los criterios de evaluación del currículo oficial.

Docentes por la Pública sostiene que el examen representa un desprecio hacia la labor pedagógica del profesorado y el proceso educativo de los estudiantes. La responsable de organización de la entidad, Esther Padua, ha enfatizado que no es aceptable que una prueba de acceso a la universidad infrinja el esfuerzo invertido por miles de estudiantes, truncando sus proyecciones futuras. “El daño, tanto en el ámbito académico como emocional, es inmenso”, afirma.

El sindicato recuerda que la legislación actual, que incluye el Real Decreto 534/2024 y el Decreto 103/2023 de la Junta de Andalucía, establece con claridad que las evaluaciones deben alinearse con el currículo oficial, respetando los conocimientos básicos y criterios establecidos.

Además, se señala que la organización específica de la PAU 2025 en Andalucía también define qué debe ser evaluado en los exámenes, lo que, según el sindicato, exacerba la desproporción y falta de coherencia del examen en cuestión.

“Lo que ha ocurrido desvaloriza la dedicación del profesorado andaluz que ha diseñado y ejecutado sus clases conforme a lo que la Administración estipula. La colaboración entre docentes y estudiantes se ha visto comprometida por un examen que ignora principios fundamentales como la proporcionalidad y la seguridad jurídica”, añade Padua.

En respuesta a esta problemática, el sindicato ha exigido una revisión inmediata del examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y sus criterios de calificación. También piden que se implementen medidas compensatorias que eviten penalizar injustamente al alumnado y que se asuman responsabilidades por quienes hayan aprobado este modelo de evaluación, garantizando además la transparencia en la elaboración de futuras pruebas.

Finalmente, Docentes por la Pública ha reafirmado su compromiso de continuar defendiendo los derechos de estudiantes y docentes en la educación pública andaluza, demandando garantías para que incidentes como este no se reproduzcan en el futuro.