El Ayuntamiento de Almería condenado por falta de acción ante el ruido en viviendas del casco histórico.
En Almería, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido una condena al Ayuntamiento por su falta de acción para detener los ruidos generados por la actividad hostelera y otros servicios en el casco histórico de la ciudad, lo que ha afectado los derechos fundamentales de los vecinos.
El concejal del PSOE, Raúl Enríquez, ha mencionado la sentencia judicial en una sesión plenaria, destacando la pasividad municipal ante una actividad persistente en una zona con alta saturación acústica.
Enríquez ha criticado la falta de respuesta a las quejas de los residentes y la inacción frente a un plan municipal incumplido por parte del Ayuntamiento, mientras que el equipo de gobierno ha expresado su intención de apelar la sentencia favorable en primera instancia.
La sentencia resuelve la apelación de varios vecinos afectados por ruidos y molestias de establecimientos en el centro histórico, incluyendo restaurantes, bares, terrazas y servicios como la gestión de residuos, indicando una vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española.
El tribunal ordena al Ayuntamiento tomar medidas legales para garantizar que los ruidos no superen los límites permitidos y cesen en las viviendas afectadas, tras concluir que la inacción municipal ha permitido inmisiones ruidosas evitables y perturbadoras para los residentes.
Según la sentencia, las viviendas de los afectados se encuentran en una zona con excesivo ruido, y a pesar de la conciencia municipal sobre la situación, el Ayuntamiento no ha cumplido con el plan de acción y ha permitido más establecimientos de hostelería y terrazas de las permitidas en la zona.
Además, informes de expertos en ruidos, incluidos técnicos municipales, han demostrado que los niveles de ruido en las viviendas superan lo tolerable, incluso con un número limitado de terrazas en funcionamiento en el momento de las mediciones.
El tribunal destaca que la actividad comercial es la principal responsable de las molestias en una zona peatonal, y señala que la falta de medidas por parte del Ayuntamiento supone una violación de los derechos fundamentales de los afectados, quienes sufren exposición prolongada a ruidos intensos que afectan su salud y bienestar.